Por Data Clave
El gobierno nacional modificó este viernes, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, la ley de inteligencia, mediante la cual se reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y ahora tendrá la capacidad de aprehender personas. La medida había sido anticipada por el Poder Ejecutivo y la oposición cuestionó el intento y alertó sobre “espionaje político”.
Además, el Gobierno detalló que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información y los habilitó a “repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, se explicó.
Por otra parte, también redefinió las actividades incluidas dentro de la contrainteligencia. A partir de la medida incluyen “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales o de la población en general”.
Cuestionamientos
Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida «clausura la conducción civil de la inteligencia» y crea de facto una «policía secreta».
En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una «Guardia Nacional» subordinada a tareas de seguridad interior.
Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el «espionaje político», ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar un pedido hoy de informes al Poder Ejecutivo.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.