Puerto Rico, en default: la nueva víctima de Aurelius

Aurelius ya cobró los 846,4 millones de dólares que le debía la Argentina, y sus ganancias por haber operado en contra del país superaron el 1.200 por ciento. A una semana de la operación, ahora el fondo buitre de Mark Brodsky tiene su próxima víctima en la mira. Puerto Rico ingresó este lunes en el default más importante de su historia, y tiene a Aurelius entre sus principales acreedores. Se supone que la deuda de la isla en su poder llega a unos 300 millones de dólares, comprada en los últimos años a menos del 40 por ciento de su valor y cuando los inversores originales sólo querían desprenderse de esos papeles.

Ahora, siguiendo el manual del fondo buitre clásico, Brodsky esperará a que el estado asociado a los Estados Unidos presente y ejecute su plan de reestructuración de deuda para luego comenzar a recurrir a los tribunales norteamericanos, donde, gracias a la Argentina y el fallo de Thomas Griesa del “juicio del siglo”, ya sabe que la jurisprudencia juega un ciento por ciento a su favor.

Domingo negro

El anuncio del default portorriqueño lo hizo el domingo el gobernador, Alejandro García Padilla, que confirmó que no se podrían atender los pagos de los 422 millones que vencían anteayer, constituyendo el mayor impago del Estado hasta la fecha. La deuda pública total llega a los 72.000 millones de dólares, y desde hace más de cuatro años la isla viene peleando para poder cumplir con los vencimientos, los que, para los observadores, hace mucho tiempo que resultan impagables, al menos en el volumen actual.

“Al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”, dijo Padilla el domingo por la tarde presentando la decisión que había tomado minutos antes con su gabinete. En concreto, lo que ha firmado el Ejecutivo es una moratoria temporal de los títulos de deuda emitidos por una agencia pública, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), un tipo de valor que deja a sus titulares, los acreedores, pocas posibilidades de reclamar. Hasta ahora, Puerto Rico sí ha ido cumpliendo con los vencimientos más protegidos legalmente.

El lunes, Padilla dijo que tampoco están garantizadas las divisas para cumplir con los 2.000 millones de dólares que vencen entre mayo y junio; y mucho menos los más de 4.000 millones de dólares que deben pagarse durante agosto.

“No queremos rescate”

“No queremos un rescate financiero ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no les costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos. Simplemente, necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”, dijo el domingo Padilla.

Viejas mañas buitre

Mientras tanto, Aurelius espera. En octubre del año pasado, recurrió a un viejo conocido para dejar claras sus pretensiones: según fuentes portorriqueñas, contrató a la consultora Centennial para elaborar un durísimo informe sobre la economía de la isla, donde se asegura que Puerto Rico puede pagar su deuda al 100 por ciento, aun sobre la base de un grave y profundo ajuste que incluye bajar los fondos para la educación (lo que contempla el cierre de escuelas), subir impuestos y menos dinero para las jubilaciones.

Un argentino conocido

El informe está firmado por tres ex altos funcionarios del FMI: José Fajgenbaum, Jorge Guzmán, y un viejo conocido de la Argentina, el compatriota Claudio Loser. Este último fue el argentino que más lejos llegó en el FMI, alcanzando a cubrir el cargo de director gerente para el Hemisferio Occidental. El trabajo financiado por Aurelius propone un severísimo plan de ajuste, y garantiza que de ejecutar ese plan, Puerto Rico podrá pagar el total de la deuda sin caer en la necesidad de una reestructuración.

Puerto Rico entró en default por primera vez en su historia el 3 de agosto de 2015, al pagar sólo 628.000 dólares de un vencimiento total de 58 millones de dólares a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).