La cámaras Santafesina de Energía Renovables y de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles mediante un comunicado exponen la vulnerabilidad del rubro por la paralización de la industria de biodiésel, potenciando aún más la crisis económica y colocando al sector en un estado terminal
La Cámara Santafesina de Energía Renovables (Casfer) y la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Capreb) denunciaron al gobierno nacional por la falta de exigencia en el cumplimiento de los porcentajes legales de corte de los biocombustibles.
Las mismas cámaras que apoyaron al Ejecutivo en la iniciativa de una nueva ley de biocombustibles, ahora salieron a plantear en un comunicado la falta de determinación de no fijar ni publicar el precio de venta del biodiésel con gasoil, sin cumplir lo dispuesto en la ley 26.093.
En documento expone la vulnerabilidad del rubro por la paralización de la industria pyme de biodiésel, acrecentando y potenciando aún más la crisis económica y financiera del sector, colocándolo en un estado terminal”.
Más adelante, el comunicado hace hincapié en el grado de responsabilidad que tiene el gobierno por la crisis que atraviesa el sector. “Resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando la violación de lo dispuesto por la normativa vigente, como así también de Tratados Internacionales en materia de lucha contra el cambio climático”, destaca.
También se plantea el discurso de los funcionarios del gobierno que no lo llevan a la práctica. “La inexistencia de alternativas concretas que permitan al sector volver a operar de manera sostenible y sustentable, genera una enorme contradicción y ambigüedad entre lo que el gobierno nacional sostiene y las acciones que efectivamente realiza (u omite) para lograr así el desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones, el agregado de valor en origen y la preservación de la salud y el ambiente”, señala el documento.
Finalmente exigen: “El sector pyme de biodiésel reclama la inmediata determinación y publicación del precio de venta del mismo y la efectiva fiscalización del debido cumplimiento del corte obligatorio por parte de las empresas mezcladoras”.
A nivel nacional, el oficialismo intentará darle media sanción en la Cámara de Diputados a la nueva ley de biocombustibles, que propone reducir el corte obligatorio de biocombustible en gas oil y naftas, pasando del actual 10 por ciento, al 3, para el primero caso, y del 12 al 9, para el segundo. Actualmente rige un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prorrogó la ley que regula este mercado y que ya venció.
La Casfer fue una de las organizaciones que brindó más apoyó al dictamen de comisión favorable que la bancada del Frente de Todos logró el mes pasado en la Cámara de Diputados para avanzar en el tratamiento de un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.
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