Qué dice la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798 que Trump quiere reactivar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene los ojos puestos en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma creada en 1798 (siglo XVIII) y en época de guerra, es decir, que tiene 227 años de antigüedad.

Esta polémica ley le brinda a los jefes de Estado la potestad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación esté en guerra, por lo tanto, podría intentar usarse ahora para echar a personas provenientes de países con los que Estados Unidos tenga conflictos vigentes.

Asimismo, por ahora Trump no se refirió a esta normativa de manera formal, y solo lo hizo en entrevistas y discursos.

¿Cuándo se implementó?

La utilizó James Madison en la Guerra de 1812, Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial y Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para colocar en campos de internamiento a 31.000 extranjeros japoneses, alemanes e italianos que las autoridades consideraban potencialmente peligrosos.

Si Trump decide reactivarla, quedará eliminado el proceso legal y las apelaciones a las que pueden recurrir los inmigrantes, se achicarán los tiempos y se  autorizarán deportaciones más rápidas y de un gran número de personas.

Acorde con las últimas cifras del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. Únicamente México representa más de la mitad de ese número, mientras que Centroamérica reúne e1 15%.

¿Con qué obstáculos se enfrentaría Trump si pone en marcha esta ley?

Estados Unidos no se encuentra en una guerra abierta con ningún país y además, la administración de Trump tendrá que demostrar que la inmigración representa “invasión” extranjera hostil.

En este punto, la ley de Enemigos Extranjeros precisa que una “invasión o incursión depredadora” tendrá que ser llevada a cabo por una “nación o gobierno extranjero para que pueda invocarse”.

Otro tema es que que vivir en Estados Unidos sin la documentación pertinente no es un delito penal sino una violación de la ley civil administrativa del gobierno federal.

Trump ya recurrió en su primer mandato a una antigua ley contra la inmigración. Fue en la época de la pandemia del Covid-19 cuando aplicó el Título 42, una vieja ley de salud pública que le permitió cerrar las fronteras y deportar a los inmigrantes que cruzaban ilegalmente.