Estados Unidos apuesta por incentivos económicos para revertir la baja tasa de nacimientos mientras Argentina sostiene la asignación por hijo como política de asistencia social inmediata. Ambos esquemas parten de transferencias monetarias al núcleo familiar, pero difieren en su propósito
Dos modelos distintos de intervención estatal en la vida familiar: Estados Unidos apuesta por incentivos económicos para revertir la baja natalidad mientras Argentina sostiene la AUH como política de asistencia social inmediata. Ambos esquemas parten de transferencias monetarias al núcleo familiar, pero difieren en su propósito. Uno busca incentivar el crecimiento demográfico y el otro, reducir el impacto de la pobreza estructural en las estadísticas.
La administración de Donald Trump impulsa un plan pro natalista que combina un bono de cinco mil dólares por cada nacimiento con la creación de las llamadas Cuentas Trump, un instrumento de inversión con impuestos diferidos que se abre para cada bebé nacido en Estados Unidos durante los próximos cuatro años.
El Estado deposita mil dólares iniciales y con una tasa estimada del siete por ciento esos fondos podrían alcanzar más de tres mil quinientos dólares al cumplir la mayoría de edad.
El retiro solo está permitido para fines específicos como educación, vivienda o emprendimientos y requiere que al menos uno de los padres tenga autorización legal de trabajo en Estados Unidos.
La propuesta aparece en un escenario de mínimos históricos de natalidad y de creciente ansiedad económica por los altos costos de vida, con viviendas que superan el millón de dólares en áreas metropolitanas y precios prohibitivos en el cuidado infantil.
Sin embargo, el plan recibe críticas desde el arco demócrata porque se da en simultáneo a la discusión por recortes en programas esenciales como Medicaid (seguros de salud) y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) de los que dependen millones de niños en situación de pobreza en suelo norteamericano.
En Argentina, la Asignación Universal por Hijo funciona como un seguro social destinado a familias vulnerables. Se paga de manera mensual y se ajusta por movilidad. Exige acreditar vacunación, controles médicos y escolaridad para liberar el beneficio completo y está dirigida a desocupados y trabajadores informales con ingresos inferiores al salario mínimo.
La AUH nació en 2009 como respuesta a una situación social marcada por la pobreza y desempleo y tuvo impactos concretos como el aumento de la matrícula escolar y la reducción de la mortalidad infantil evitable.
Ambos modelos muestran similitudes en la idea de que el Estado debe sostener a la familia, en el rol central de la madre como administradora del beneficio y en la respuesta a situaciones críticas, pobreza en Argentina y colapso demográfico en Estados Unidos.
Pero también exhiben diferencias claras.
El punto más sensible es cómo la baja natalidad amenaza al sistema de seguridad social estadounidense. Menos nacimientos hoy implican menos adultos en edad laboral mañana y eso pone en riesgo la relación entre trabajadores activos y jubilados.
En los años sesenta, había casi cinco trabajadores por cada jubilado y hoy la proporción ronda los tres y podría caer a dos en las próximas décadas.
Con menos aportantes y más beneficiarios el sistema enfrenta déficit crecientes que obligan al Estado a endeudarse, recortar beneficios o aumentar impuestos. Una población envejecida, además, tiende a gastar menos y a demandar más servicios de salud, lo que reduce el dinamismo económico y la capacidad de sostener programas sociales.
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