Junto al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo importantes anuncios en Rosario para combatir el crimen y el delito producto de las luchas entre pandillas de narcotraficantes, en una de las ciudades más importantes de América Latina que en las recientes fiestas navideñas, volvió a sufrir hechos de sangre.
En una escala menor a la crisis de seguridad en Nueva York durante la década del ’70, una ciudad manejada entonces por el poder de cinco familias mafiosas de origen italiano, Rosario vive una pesadilla producto de la comercialización de estupefacientes y la lucha sin cuartel entre clanes que intentan manejar el negocio ilegal de manera monopólica.
En ese contexto, Patricia Bullrich expresó, «Vamos a trabajar en una ley similar a la Ley Rico norteamericana», al tiempo que aclaró: “Se trata de una ley que hace que cuando uno sabe perfectamente que una persona pertenece a una organización, el delito recae sobre todos sus miembros”.
Se trató de un párrafo de anuncios, entre varias medidas legales, como analizar la ley de seguridad interior, para permitir al ejército actuar en el territorio nacional ante situaciones de crisis, y anuncios de refuerzos de personal de Gendarmería para destinar a las calles de Rosario, como el grupo motorizado “Los Linces”.
Sin embargo, el anuncio en el que están trabajando sus asesores legales para crear una herramienta jurídica similar a la Ley Rico de los EE.UU. que es una base legal para desarticular bandas mafiosas y extorsivas, fue el anuncio más sustancioso para contar con herramientas legales que permitan combatir el crimen organizado aunque fue explicado de manera rudimentaria por la ministra de Javier Milei.
Lo primero que hay que decir es que la Ley Rico es una amplia base legal, cuyo acrónimo significa, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, sancionada por Richard Nixon e implementada por el, entonces, fiscal, Rudolph Giuliani y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa.
En la lucha contra las operaciones de la mafia en Nueva York, hubo un antes y un después de la aplicación de la Ley Rico.
Antes, el FBI, la Justicia y el fiscal perdían por goleada contra los integrantes de la Cosa Nostra americana. Sencillamente, los mafiosos estaban siempre un paso por delante de las autoridades y, si bien se detenían algunos “soldados” y, unos pocos “lugartenientes» de los capos, las operaciones seguían y los grandes mafiosos eran intocables.
Ante el descontrol de la vida diaria en “la gran manzana” en la década del ’70, atestiguada por una gran cantidad de enormes cineastas de esa época y por la crónicas de los medios neoyorkinos, los políticos de Washington D.C. recordaron que el profesor Robert Blakey continuaba enseñando leyes en la Universidad de Cornell y que había sido el propio académico el creador de la norma federal.
Se organizaron algunos cursos para los investigadores del FBI que no conocían el poder que tendrían al aplicar esta ley en sus investigaciones. Fueron dictados por el propio Blakey que en el documental “Ciudad del Miedo, Nueva York vs. la Mafia” de Netflix, rememoró, “En ese momento, el FBI no tenía éxito. Pero ya teníamos las herramientas perfectas para acabar con la mafia. La ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, conocida comúnmente como RICO, fue una ley que escribí en 1970 para desmantelar las mafias, incluyendo a los jefes. El FBI tuvo esa ley 10 años y no sabía cómo usarla. Entonces pensé en ofrecer un curso de entrenamiento”.
Para los jefes del FBI en el terreno se trato de una revelación porque, según recordó el supervisor de los federales, Jim Kosller, “…Nueva York estaba en manos de la mafia, el gobierno no podía controlar mucho y la gente no creía que la policía pudiera hacer algo con la mafia, iban a estar ahí por siempre”.
Algunas de estas declaraciones podrían extrapolarse a la actualidad rosarina y al pensamiento profundo de sus habitantes. Y, si bien, el poder de los mafiosos neoyorkinos no puede compararse ni por casualidad con los clanes que utilizan desclasados para el narcomenudeo y el sicariato, si se viven días de tragedia por el aumento y la difusión de las armas letales entre los grupos en pugna.
El agente Kosller relata su experiencia contra los mafiosos narcos que proveían de cocaína y heroína a los habitantes de Nueva York y explicó como terminó con el reinado del terror de los violentos.
“En marzo de 1979, mi jefe nos envió a un seminario en la Escuela de Derecho de Cornell sobre problemas con el crimen organizado. Era una semana alejados de nuestras familias. No entendía cuál era el beneficio para mí, para nadie. Fui contra mi voluntad, pero resultó que lo cambió todo. ¿Por qué la Ley Rico? Deben saber qué teníamos, antes de la Ley Rico. Antes de la Ley Rico, podíamos arrestar a los soldados de las familias por delitos como extorsión, asesinato, venta de drogas, pero no teníamos forma de vincular a los soldados con el jefe”.
El profesor Blakey los orientó en su accionar: “…les decía, tienen que derribar la organización, y no derribarán la organización si no se concentran en ella. Al establecer a las personas como jefes y miembros de la organización, ahora están vinculadas. Gracias a la Ley Rico podían condenar a una persona por haberle ordenado a otra que cometiera un crimen. Así se podía procesar a un grupo de personas por cometer los crímenes en conjunto. Así podías ir contra toda la organización. Deben poder probar que este crimen estuvo relacionado con una organización que se dedica a estos actos. Deben procesar a los mafiosos no como personas individuales, sino como un grupo de personas que comete crímenes como negocio”.
Trasplantar esta ley norteamericana en el ambiente normativo argentino será un desafío mayúsculo para los asesores de Patricia Bullrich pero es la propia ministra la que tiene el visto bueno del Presidente Javier Milei para avanzar con una herramienta legal que puede derribar cualquier organización de narcomenudeo en cualquier provincia nacional.
Jorge Luis Vidal es experto en seguridad y Noticias Argentinas le consultó acerca de ciertas características compartidas entre la Ley Rico estadounidense y el delito penal tipificado como asociación ilícita.
Para Vidal, “la Ley Rico es una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado. No olvides que en EE.UU. les interesa combatir más, todo el delito de activos de esas organizaciones, y no tanto las consecuencias del delito mismo, extorsión, amenazas, robos u homicidios, que esas mismas organizaciones puedan ocasionar”.
Vidal agregó: «Las grandes victorias contra los sindicatos corruptos de USA y las mafias de todo tipo fueron por el lado del tesoro. En Argentina tenemos la asociación ilícita, pero no está tan atada a temas de mafia u organizaciones y redes mafiosas o crimen organizado transnacional”.
Lo que la historia reciente demuestra es que el poder de la poderosa mafia ítalo-estadounidense se desmoronó al aplicarse este corpus legal, pero, además, esta norma federal fue reglamentada en los distintos estados norteamericanos y, en algunos casos, la ley se volvió más estricta y posibilitó que se la utilizará más allá del ámbito del crimen organizado.
Con la ley RICO en la mano, los demócratas de Georgia, lograron que un gran jurado acusara a Donald Trump y, a otros 18 de sus partidarios, de conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial en ese estado, en el que Trump perdió por poco menos de 12.000 votos contra Joe Biden. Paradójicamente, su abogado defensor es Rudolph Giuliani que también ha sido objeto de controversias judiciales y al que se lo acusa bajo la ley RICO.
Otro caso importante donde se utilizó esta plataforma legal fue la investigación contra las autoridades de la FIFA. A fines de 2017, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto de 14 dirigentes de la FIFA de ese entonces, bajo la acusación de tejer una red de corrupción que operaba desde Estados Unidos, donde además recibían los pagos por actividades corruptas.
Acaso un punto a dilucidar será si los miembros de la política nacional estarán dispuestos a sancionar una ley que, en el corto plazo podrá ir contra los clanes del narcomenudeo en los grandes conurbanos de las ciudades argentinas pero, en el largo plazo, podría utilizarse para desenmascarar otros ilícitos que comprometerían otros intereses.
