Real, contra el Ejecutivo nacional: “Que Nación pague lo que debe”

El Frente Progresista volvió a reclamar la deuda que mantiene la Nación con la provincia, por descuentos indebidos sobre la coparticipación, para que esos recursos sean destinados a obras contra las inundaciones en territorio santafesino. “La Nación debe pagar lo que le debe a Santa Fe y direccionar esos fondos a obras hídricas”, exigió el diputado del PDP (Frente Progresista) Gabriel Real.

El Estado nacional le debe a la provincia de Santa Fe alrededor de 23 mil millones de pesos, a valores históricos, por descuentos irregulares de la coparticipación federal, entre 2006 y 2015, a favor de la Afip y de la Ansés. A valores actuales, la provincia está en condiciones de exigir 40 mil millones de pesos, según cálculos del Ministerio de Economía.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en noviembre de 2015 que esos descuentos eran ilegales. Por ese motivo, a partir de diciembre de ese año, el Estado provincial comenzó a recibir la coparticipación en forma integral sin detracciones. Pero la Nación sigue dilatando las negociaciones por la devolución de la millonaria deuda acumulada durante una década.

En ese sentido, el diputado Real renovó el pedido que ya hicieron otros partidos del Frente Progresista: “El gobierno nacional debe acatar el fallo de la Corte Suprema y en consecuencia debe pagar lo que le debe a Santa Fe en el marco de la coparticipación federal prevista en la reforma de la Constitución Nacional, efectuada en 1994”, sostuvo el legislador del PDP.

Real propone que, con el dinero que la Nación debe devolver a Santa Fe, se ejecuten obras para prevenir inundaciones: concretamente, un Plan Integral de Saneamiento y Prevención en materia de Obras Hídricas. “El cambio climático es una triste realidad y provoca y lo seguirá haciendo a futuro que estas situaciones climatológicas con abundantes lluvias se vuelvan a repetir”, argumentó el diputado.

“Hoy claramente solicitamos con urgencia la devolución de estos fondos adeudados por la Nación y que los mismos se direccionen a un Plan Integral de Saneamiento de la actual situación, en primera instancia y luego en una segunda etapa a otro plan de obra pública con la prioridad puesta en la prevención de desbordes de canales y ríos, contención de la red vial y control de inundaciones en los casco s urbanos”, agregó.

“Santa Fe llegó a la Corte y se le dio el aval a nuestra provincia para el cumplimiento de la coparticipación federal en su totalidad. Los legisladores nacionales por nuestra provincia deben pedir prioridad y exigir el pago de la Nación y desde la Legislatura provincial propondremos que una vez restituidos estos fondos adeudados sean destinados en el marco de la Declaración de Emergencia Hídrica al abordaje de un Plan Integral de Obra Pública destinado al Saneamiento y Prevención Sustentable de esta situación”, finalizó Real.

Denuncia de subejecución

Las obras hídricas que necesita la provincia para prevenir inundaciones “no son un problema de recursos sino de disponibilidad de los mismos”, opinó el diputado nacional del Frente Renovador Alejandro Grandinetti. El legislador denunció la subejecución, por parte de la Nación, de fondos que debían destinarse a la realización de obras hídricas en todo el país y dijo: “Es una práctica que se sostuvo sistemáticamente en el gobierno anterior y en el año que lleva la conducción actual”.

El legislador massista apuntó que “las irregularidades comienzan a detectarse en el mismo año de la puesta en funcionamiento (2002) del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, en el cual se da cumplimiento a un decreto del 2001 que contemplaba su creación”. El mismo establece que en cada litro de combustible líquido y en cada metro cúbico de GNC, cada ciudadano haga un aporte que será destinado a la realización de obras destinadas a prever desbordes, recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria. “Las recientes inundaciones de Santa Fe dejan al descubierto que las obras reclamadas no son una cuestión de recursos sino de disponibilidad de los mismos”, subrayó Grandinetti.