¿Qué pasa en el interior del ex Cine Imperial? El misterio de otro edificio de valor patrimonial que podría desaparecer

Luego de varios días de debate, se aprobó este viernes un decreto en el Concejo Municipal por el que se solicita al Departamento Ejecutivo local que informe respecto del inmueble ubicado en Corrientes 421, donde funcionó durante más de 60 años el histórico Cine Imperial.

El pedido, entre más, especifica que se indague acerca de si existe en relación a ese inmueble, cuya fachada está dentro del listado de edificios con valor patrimonial de la ciudad, un permiso de obra y/o demolición en trámite u otorgado y si se tiene conocimiento de acciones o movimientos realizados dentro del mismo edificio como denunciaron hace unos días un grupo de vecinos, en particular con un edificio lindante que tendría comunicación con el ex cine en el interior.

El pedido fue solicitado por la concejala María Fernanda Gigliani, del espacio Iniciativa Popular, quien desde hace muchos años viene denunciando irregularidades en la descatalogación de propiedades de valor patrimonial que luego son demolidas para, en la mayoría de los casos, la construcción de edificios en altura.

Fueron un grupo de vecinos e integrantes de organizaciones de preservación del maltratado patrimonio arquitectónico de la ciudad quienes en principio denunciaron en redes los ingresos y trabajos en el inmueble de Corrientes al 400, que al menos hasta la fecha se encuentra “protegido por ordenanza municipal”.

Tras las denuncias, donde se registraban además ingresos de personas y movimientos de materiales, desde el Concejo solicitaron al Ejecutivo que informe si se están realizando tareas de remodelación o demolición, tal como lo indica la ley, donde funcionó el Cine Imperial, una de las salas más emblemáticas del centro rosarino que está cerrada hace cuatro décadas y que en estos años hubo una serie de fallidos intentos de reapertura, incluso se especuló con la creación de un complejo multipantallas como pasó entre más con el viejo cine Monumental.

El edificio, proyectado por el arquitecto Armando Delannoy y construido por la empresa Candia, abrió sus puertas en la década de 1920 y funcionó como sala de cine hasta fines de los años 80.

Con el correr del tiempo, quedó en desuso, pero su valor histórico y cultural fue reconocido a partir de la Ordenanza N° 8245/2008, y por lo mismo cuenta con una protección patrimonial de nivel 2B, que le otorga preservación parcial de su estructura, algo que, en principio, podría entenderse como la fachada, claro ejemplo del estilo Art Déco de la época que dialoga con otros edificios del centro de la ciudad de similares características.

Actualmente, el lugar se encuentra vallado con chapas como si se tratara de una obra a demoler, lo que enciende la preocupación de vecinos y organizaciones que defienden el patrimonio arquitectónico rosarino.

En su presentación, la concejala Gigliani pidió que se aclare si existen obras o intervenciones en curso dentro del inmueble y, en caso afirmativo, qué tipo de tareas se están desarrollando. También solicita al Ejecutivo que detalle si hay algún plan de acción para mantener y proteger la estructura y el valor patrimonial del edificio, también de gran belleza en todo su interior, más allá de que, como otros tantos, podría terminar demolido en una nueva consideración de excepción que podría salir del mismo Concejo.

Cabe recordar que en 2023, la Municipalidad de Rosario rechazó el pedido de un sector del Concejo Municipal para elevar el grado de protección sobre el edificio. Ya en aquél momento, la solicitud se dio en medio de rumores de demolición y construcción de una nueva torre de departamentos sobre la superficie del establecimiento declarado de valor patrimonial para la ciudad.

Luego de la aprobación de la megatorre Sancor que supuestamente tendrá lugar en Puerto Norte, un sector opositor en el Palacio Vasallo advirtió oportunamente que desde el Ejecutivo municipal intentarían avanzar con otro emprendimiento inmobiliario (de menor tenor) en esa zona del microcentro. Lo que cuestionaron, además de lo referido a las modificaciones urbanísticas, tiene que ver con el criterio diferencial que adopta el municipio a la hora de conceder permisos a grandes empresas.

Concretamente el pedido de algunos concejales en su momento era elevar el grado de protección patrimonial actual, el referido 2B, al 1A, denominado de “protección integral”, con el objetivo de preservar y proteger el inmueble ante el eventual avance de un desarrollo inmobiliario, dejando abierta la posibilidad de un rescate de esta valiosa propiedad.

En el mismo sentido, llegó al Concejo otro debate respecto del apoyo nulo que la Municipalidad ofrece a las y los propietarios de inmuebles de valor patrimonial para su mantenimiento, ante el impedimento de posibles ventas donde la propiedad cambie de uso o pueda ser demolida para una nueva construcción.