Quién es Leandro Camani, el “rey de las fotomultas” acusado de extorsión y con presunto vínculo con narco rosarino

Por: dataclave.com.ar

Leandro Camani quedó en el mira de la Justicia este viernes luego de que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) pidió ante la Fiscalía Federal de La Plata que se investiguen los posibles vínculos del empresario con un supuesto narco rosarino Lisandro «Limón» Contreras, que vivía en un country en Pilar.

La solicitud se enmarca en una nueva denuncia por el escándalo de las fotomultas que involucra a Camani, titular de Secutrans, empresa encargada del trabajo en varios municipios bonaerenses. Cabe destacar que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia acusó a Camani de estar detrás de las denuncias en su contra, encabezadas por los dirigentes de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso y Matías Yofe.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia se presentó como damnificado en el expediente y relató una serie de maniobras donde habría sido presionado por el empresario Leandro Camani. Tras no acceder a lo solicitado, Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso habrían accionado judicialmente contra el dirigente futbolístico.

“Resulta necesario dejar en claro que la denuncia vinculada a la denominada “casa de Pilar”, atribuida a mi persona y tramitada en otra causa judicial, no constituye el origen del conflicto, sino una consecuencia directa de una secuencia de hechos previos que aquí se detallarán. En efecto, los hechos centrales se vinculan con mi desempeño como Director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), organismo que administra múltiples predios, corredores viales y accesos estratégicos dentro de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que otorga relevancia económica a determinadas decisiones administrativas. En ese contexto, Leandro Camani, persona vinculada al negocio de las fotomultas, me formuló un pedido concreto de carácter económico-administrativo, cuyo objeto era habilitar y ampliar dicho negocio en ámbitos bajo la órbita del CEAMSE”, explicó en primer término.

En ese sentido, señaló que Camani es el principal responsable de Secutrans S.A., empresa privada dedicada a la provisión, instalación y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito y fotomultas. A través de esa sociedad, el empresario opera y administra una extensa red de dispositivos de fiscalización vial en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires, para la detección de infracciones y la posterior recaudación de multas.

Según la presentación que hizo ante el juzgado y la fiscalía, Tapia sostuvo que Camani habría solicitado una autorización para instalar nuevas cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios administrados por el CEAMSE y que le permitieran el recambio de cámaras existentes por nuevos equipos. “La magnitud del negocio propuesto resultaba evidente, en tanto los predios y corredores viales del CEAMSE permiten un volumen de recaudación particularmente significativo, lo que transformaba la autorización solicitada en una operación de alto impacto económico”, indicó.

«Frente a dicho requerimiento, me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes,manteniendo una decisión firme. Dicha negativa no se limitó a una dilación o revisión del pedido, sino que implicó rechazar cualquier tipo de negociación o habilitación indirecta, frustrando definitivamente el negocio pretendido por Camani. A partir de esa negativa, el vínculo con Camani se tornó conflictivo, y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir la decisión adoptada», denunció el presidente de la AFA. A eso le sumó que el empresario le habría remitido un mensaje intimidatorio: si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en su contra.

“El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial. En relación con estos hechos, existen dos testigos directos que se encuentran dispuestos a declarar bajo identidad reservada, dadas las amenazas recibidas y la gravedad de los hechos que aquí se presentan”, ratificó.

Sostuvo que luego de ratificada su decisión de no habilitar el negocio, la amenaza comenzó a ejecutarse de manera concreta. “Se iniciaron acciones tendientes a materializar la ofensiva judicial anunciada, verificando movimientos compatibles con la preparación y presentación de una denuncia penal”, planteó y agregó: “dicha advertencia se consumó con la presentación efectiva de la denuncia vinculada a la denominada ‘casa de Pilar’, tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa. La proximidad temporal entre la negativa administrativa, la intimidación y la denuncia refuerza el nexo causal entre estos hechos”.

“Inmediatamente posterior a la activación de la denuncia penal, se puso en marcha una operación mediática destinada a amplificar y reforzar el impacto de la ofensiva judicial previamente anunciada. Esta etapa se caracterizó por la rápida difusión pública de la denuncia, la reiteración de imputaciones en distintos soportes comunicacionales y la instalación de un relato incriminante, lo que permitió transformar una presentación judicial en una herramienta de presión pública adicional, integrada funcionalmente a la maniobra extorsiva originaria”, remarcó.

“Esta secuencia cronológica -pedido, negativa, amenaza, preparación, denuncia y operación mediática- permite advertir que la acción penal no surgió de manera espontánea ni autónoma, sino como respuesta directa a la frustración del negocio pretendido. La denuncia aparece así como un instrumento de presión previamente anunciado y luego ejecutado”, argumentó el presidente de la AFA.

En este sentido, consideró que los denunciantes formales (Facundo del Gaiso y Matías Yofe) cumplieron “el rol de ejecutores instrumentales de la maniobra orquestada por Camani”. “La estructura fáctica descripta permite advertir un reparto de roles, en el cual Camani aparece como organizador y beneficiario económico, mientras que los denunciantes actúan como canal formal de activación del frente penal”, aseguró.

¿Pero quién es Leandro Camani?

Leandro Camani es un excéntrico personaje de la noche y ex modelo devenido en empresario. Es el titular de Secutrans (también conocida como Tránsito Seguro), empresa líder en la provisión de cinemómetros y sistemas de fotomultas. Su compañía opera en distritos clave como La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Hurlingham. El negocio es sumamente atractivo: se estima que las empresas del sector retienen cerca del 60% de la recaudación por multas, mientras que el resto se reparte entre la Provincia y los municipios. Su gestión es cuestionada por la alta tasa de nulidad de las actas (entre el 60% y 70%).

Antes de convertirse en un peso pesado de las licitaciones públicas, Camani fue modelo y dueño del boliche Fabric Club. Su nombre fue recurrente en las revistas de espectáculos por sus relaciones sentimentales con figuras como Samanta Farjat (con quien estuvo casado) y Nazarena Vélez. Estas parejas no solo le dieron fama, sino también los contactos políticos que luego utilizaría para su faceta de «gestor».

El nombre de Camani ha aparecido en varios expedientes judiciales de alto perfil: Uno de los más conocidos es el Caso Beara (2010). En esa oportunidad se lo vinculó con la habilitación irregular del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes al derrumbarse un entrepiso. Aunque fue absuelto en 2022, grabaciones de la causa lo mostraban jactándose de haber gestionado dicha habilitación.

A su vez, Nazarena Vélez y su esposo fallecido Fabián Rodríguez, lo denunciaron por la presunta extorsión que sufrieron durante el trámite de habilitación de un teatro, el Multiespacio Los Angeles, ubicado en un local de la calle Corrientes al 1700, en el mismo lugar donde funcionó el cine del mismo nombre. Vélez y Rodríguez pidieron la intervención de sus propios teléfonos y en ellas no solo quedó registrado el apriete de Camani sino que ahí saltó lo que dijo de Beara. Fabián Rodríguez, responsable de la grabación, aportó eso a la causa de Beara.

Por entonces Leandro Camani era el marido de Farjat, quien en 2013 terminó denunciándolo por agresiones y golpes luego de una noche violenta en su departamento de la calle Montañeses al 2700. Él estuvo detenido en comisaría por tres días y luego se fue a vivir a la casa de Leandro Fariña, por intermediación de Farjat.

En 2011, cuando estaba en pareja con Farjat, tenía una agencia denominada Think Group SRL, registrada como productora de espectáculos, por la que también tuvo una denuncia por estafa por la producción de un festival, de la que fue sobreseído cuando devolvió el dinero.

A su vez, tiene una amistad y sociedad con Leandro Santos, uno de los hermanos que fueron procesados por ser proxenetas VIP:  la Justicia federal consideró que lideraban una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual entre 2010 y 2019. La investigación -a cargo del fiscal Federico Delgado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y el juez Sebastián Casanello y aún no llegó a debate.

Además, Leandro Santos está procesado por lavado de activos. A cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 también está una escandalosa causa en la que Leandro Santos es acusado de amenazar a la modelo Florencia Cocucci, la testigo en el caso Nisman.

Pero a Camani también se lo recuerda por protagonizar polémicas en torno a su rubro. Hace poco tiempo se viralizaron imágenes de él con su teléfono celular mientras conducía temerariamente su automóvil importado a más de 160 kilómetros por hora en una avenida donde la máxima permitida es de 60 kilómetros.

Vínculos con la política

Se lo señala como un protegido de la familia del sindicalista Luis Barrionuevo. Sandra Barrionuevo (hija de Luis) es una colaboradora cercana, y Alejandro Barrionuevo (hijo de Luis) figura como directivo en una de sus empresas de tránsito. Además, se le atribuye una fuerte influencia en la designación de funcionarios en áreas clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Pero el vínculo de Camani con los Barrionuevo no termina ahí. El portal Sección País publicaba en febrero de este año que detrás del nombramiento de Pablo Fappiano como titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hubo un fuerte lobby de Leandro Camani y de Sandra Barrionuevo. ¿Más negocios y beneficios?

En cuanto al mundo de la farándula, el 23 de enero de 2023, en Mar del Plata, se hizo una de las tantas fiestas de premiación del Martín Fierro para medios digitales. El sitio elegido para el evento fue el Hotel Sasso, emblemático de Punta Mogotes y que pertenece, desde hace algunos años, al Sindicato Gastronómico (UTGRA) que dirige Luis Barrionuevo. El acuerdo entre Luis Ventura, representante de APTRA, y Barrionuevo se hizo el 15 de diciembre de 2022 y fueron testigos de la firma del contrato Sandra, la hija del sindicalista, y Leandro Camani, el organizador del evento con su firma Red Cube. De hecho, esa noche Barrionuevo recibió un Martín Fierro a la trayectoria.

Camani volvió al centro de la escena tras denunciar al ministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, por un presunto esquema de coimas y «gestores» que borraban multas. No obstante, sus detractores ven en esta maniobra una operación política orquestada por el sector de Barrionuevo.

Irónicamente, el «rey de las fotomultas» también ha sido noticia por su desprecio a las normas que él mismo ayuda a controlar: hace un tiempo se viralizó un video suyo conduciendo a 160 km/h por la Avenida Libertador, donde la máxima es de 60 km/h, mientras se grababa con el celular.