El párroco de 57 años, dedicó casi tres décadas de su vida al ministerio religioso. Deberá cumplir una pena de tres años de prisión condicional
La ciudad de Rafaela y la región aún no salen de la conmoción tras la sentencia que halló culpable al sacerdote Marcelo Ferrero, de 57 años, por abuso sexual simple agravado contra una adolescente durante un campamento scout en Río Ceballos, Córdoba, en enero de este año.
El fallo, dictado por el juez Javier Bottero en los Tribunales de Rafaela, impuso al sacerdote una pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación perpetua para ejercer el sacerdocio, la prohibición de ingresar a la localidad de Ramona y la obligación de permanecer en la provincia de Córdoba durante el cumplimiento de la condena.
Marcelo Ferrero, oriundo de Rafaela, dedicó casi tres décadas de su vida al ministerio religioso. Nacido en esta ciudad santafesina, donde aún residen sus padres y dos hermanos, Ferrero estudió en el seminario de Córdoba y fue ordenado sacerdote en la iglesia de Guadalupe, en Rafaela.
A lo largo de su carrera, sirvió en varias parroquias de la región, incluyendo Tacural, Ceres, San Vicente y, más recientemente, Ramona, donde asumió como párroco el 5 de abril de 2024.
Su trayectoria lo posicionó como una figura conocida en las comunidades donde ejerció, hasta que la grave acusación de abuso sexual cambió el rumbo de su vida y estremeció a la Diócesis de Rafaela.
El hecho ocurrió durante el campamento de cierre anual del grupo scout San Ramón Nonato de Ramona, al que asistieron unas 110 personas, entre niños, jóvenes y adolescentes.
La actividad, realizada en Río Ceballos, Córdoba, en los primeros días de enero de 2025, fue el escenario del delito. La víctima, una menor de edad, formaba parte del grupo scout que Ferrero acompañaba.
La investigación, liderada por la fiscal Favia Burella, derivó en la imputación del sacerdote por abuso sexual simple agravado, un delito que se ve agravado por su condición de ministro de culto.
Ferrero reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, un procedimiento que permitió agilizar el proceso judicial y evitar un juicio oral prolongado.
La decisión del juez Bottero no solo incluyó la condena penal, sino también medidas que buscan garantizar la protección de la víctima y la comunidad, como la prohibición de ingreso a Ramona y la inhabilitación definitiva para ejercer funciones religiosas.
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