El gremio declaró el estado de alerta y movilización ante el temor de que la firma no haga efectivo el pago que debe cumplir el martes 21. La empresa está exceptuada de la cuarentena por su actividad, el tratamiento de residuos peligrosos, y trabaja normalmente
“Todavía de la última quincena quedó debiendo 4.000 pesos del decreto del Poder Ejecutivo para el sector privado y se comprometió a pagarlos en estos días. Pero lo que más nos preocupa es el pago de la próxima quincena”, graficó el secretario General de los Químicos de San Lorenzo, Julio Barroso. El dirigente reflejó así la situación en la empresa IDM, donde los trabajadores vienen protagonizando pulseadas intermitentes con la patronal, y ahora un potencial nuevo foco de conflicto llevó al gremio a declarar el estado de alerta y movilización.
“La empresa está trabajando normalmente. Está exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio por tratarse de una empresa que se dedica al tratamiento de residuos”, explico Barroso, quien salió a hacer público que IDM “no garantizó” el pago de la quincena que debe hacerse efectivo el próximo martes 21. “En caso de que la empresa no lo abone, decidiremos con los compañeros las medidas a tomar. Por eso estamos en este estado de alerta y movilización”, continuó Barroso.
IDM tiene unos 200 empleados en sus diferentes áreas y cumple tareas clave: hace tratamiento de todos los residuos industriales que no sean de plantas nucleares, y de residuos patológicos y domiciliarios. Recicla también solventes, hace incineración con vitrificación de cenizas, hace reutilización de maderas refabricando cajones para exportación de autopartes, recicla plásticos para la creación de insumos, al igual que envases metálicos y productos químicos.
Entre sus logros se cuenta la descontaminación de 8 millones de baterías de telefonía celular, cuyas aleaciones fueron exportadas a Europa.
Empero, en 2018 el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia le retiró la clave –después se subsanó el conflicto– de operador y almacenador transitorio de residuos peligrosos por “incumplimientos reiterados por parte de la empresa en su tratamiento de residuos industriales peligrosos”.
El último conflicto laboral de una larga serie se desató en enero pasado por despidos en la planta de ruta 10.
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