El diputado provincial y médico Miguel Rabbia presentó un pedido de informes al Gobierno de Santa Fe ante el faltante de levodopa, un medicamento esencial para el tratamiento del Parkinson, enfermedad que afecta a unas 10.000 personas en la provincia. Reclamó medidas urgentes para garantizar la continuidad de los tratamientos y conocer qué alternativas evalúan las autoridades sanitarias. “La salud no puede ser un bien de mercado, tiene que haber un claro rol de rectoría de parte del Estado. La responsabilidad primaria, según la Constitución Nacional, es de los estados provinciales”, afirmó Rabbia.
La crisis se profundizó tras la decisión del laboratorio Pfizer de interrumpir temporalmente la producción de Levocar, comunicada al Ministerio de Salud de la Nación el 17 de septiembre. La alternativa nacional, Parkinel, elaborada por Bagó, cubre alrededor del 35% de la demanda y no siempre resulta adecuada para quienes utilizan la otra formulación.
La situación reviste especial gravedad porque la levodopa tiene una vida media muy corta en el organismo. Según explicó Rabbia, a las tres o cuatro horas la concentración del medicamento en sangre comienza a caer, por lo que “ni siquiera podés saltear una toma”. La interrupción puede provocar síntomas severos, como rigidez extrema y dificultades para tragar, con un impacto directo en la movilidad y la vida cotidiana de los pacientes.
Ante este escenario, el legislador reclamó que la Provincia evalúe alternativas concretas, incluida la importación directa de medicamentos, y articule las gestiones necesarias para responder al faltante. “El gobernador debería tener un plan B, un plan C, un plan D siempre”, sostuvo.
Si bien Pfizer había previsto inicialmente normalizar el abastecimiento en marzo de 2027, posteriormente modificó sus plazos y estimó que la producción y la provisión local se reanudarían entre noviembre y diciembre de 2026. Mientras tanto, Bagó trabaja para ampliar la cobertura con producción nacional.
Finalmente, Rabbia insistió en que el pedido de informes busca obtener respuestas concretas sobre las gestiones realizadas, las alternativas disponibles y los plazos previstos para garantizar el acceso a la medicación. “Más allá de la devolución, es sensibilizar a las autoridades para que se ocupen del tema y para que nos den respuesta y tranquilidad a toda nuestra comunidad”, concluyó.
