Más del 70 por ciento de la comunidad LGTBIQ+ sufrió discriminación al intentar alquilar un inmueble. El dato se desprende de un informe presentado por el diputado Carlos Del Frade que refleja la crisis habitacional de la comunidad en Rosario tras los amplios requisitos solicitados a la hora de ingresar a una vivienda. El registro pretende impulsar un proyecto en la Legislatura de Santa Fe para crear un programa de acceso a la vivienda mediante cupos de adjudicación y líneas de crédito.
El relevamiento, que procesó respuestas recolectadas de manera digital entre finales de junio y principios de julio de 2026, refleja una realidad crítica con un componente marcadamente local, ya que el 72,4 por ciento de las personas encuestadas viven en Rosario y un 36.8 por ciento tiene entre 30 y 39 años. La muestra revela además que el impacto más severo recae sobre el colectivo travesti-trans, el cual representa al 81 por ciento de los testimonios.
“Venimos trabajando hace varios años con el colectivo LGTB con un proyecto de ley de un cupo de viviendas para la comunidad, pero como nunca se trata porque cada vez los sectores gobernantes se ponen más a la derecha, decidimos empezar al revés: generar conciencia sobre la situación de vivienda de la comunidad. Entonces con Ana Laura Pinto, quien hizo la encuesta, buscamos números concretos para establecer el grado de necesidad que tiene esta comunidad”, señaló el diputado provincial por el FAS, Carlos Del Frade, en relación al proyecto que busca facilitar el acceso a la vivienda a la población travesti trans, que fue presentado tres veces en la Legislatura provincial.
Según el relevamiento, un 44,8 por ciento de las personas consultadas atraviesa situaciones de inestabilidad o precariedad habitacional alta. De la totalidad del estudio, apenas dos personas afirmaron tener una vivienda propia, mientras que 14 viven en casas prestadas, 7 se encuentran en situación de calle y 5 residen en pensiones u hogares. Un dato que interpela el diseño histórico de las políticas de Estado es que 30 de los encuestados viven solos, lo que demuestra que los programas oficiales basados en el tradicional requisito de “grupo familiar” terminan excluyendo estas realidades de manera indirecta.
El mercado inmobiliario privado se presenta como uno de los principales escenarios de exclusión. El 70,7 por ciento de la muestra indicó haber sufrido discriminación al intentar alquilar un inmueble o realizar un trámite vinculado a la vivienda. Los relatos recogidos denuncian un patrón de abusos que incluye desde el trato hostil y el cobro de sobreprecios, hasta la cancelación abrupta de los acuerdos de alquiler una vez que las inmobiliarias o los propietarios conocen a la persona de manera presencial. A estas violencias se suma la exigencia de garantías económicas desproporcionadas que no tienen en cuenta el nivel de trabajo informal que predomina en los jóvenes y en la comunidad.
“En la encuesta dicen que fueron rechazados sin tener en cuenta esa trayectoria de vida, porque la existencia de una persona trans es muy dolorosa, muy difícil y necesariamente tiene que ser contemplada. Se suma la falta de ingresos que son muy precarios en el 90% de los casos. Al no tener un nivel de ingreso estable es muy difícil acceder hoy a los créditos en las condiciones que se establecen. Por eso necesitamos que haya también un sistema crediticio que contemple la trayectoria existencial de cada persona de la comunidad trans. Muchos chicos y chicas trans terminan viviendo en la calle, en una situación realmente muy dolorosa. Es un sector muy vulnerable que imperiosamente necesita una respuesta del Estado”, señaló Del Frade.
El panorama no resulta más alentador frente a las ventanillas del Estado. Cuarenta personas expresaron la intención de inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, pero afirmaron que nunca lo intentaron ante la previsión de complicaciones administrativas. Por su parte, quienes sí buscaron anotarse se encontraron con un sistema burocrático que los expulsa al exigir ingresos formales comprobables, un domicilio estable previo o la conformación de un grupo familiar tradicional, condiciones que muchas veces resultan de imposible cumplimiento dadas las trayectorias de vida del colectivo.
“Hoy el 50% de la población económicamente activa está en condiciones de trabajo informal. Es fundamental habilitar otros tipos de mecanismos y mayor flexibilización. Por eso es tan importante generar una especie de inmobiliaria pública. Hay que flexibilizar requisitos y garantías, pero también capacitar organismos públicos y a las inmobiliarias, porque si no el panorama termina siendo muy sesgado. Nuestra idea es que haya una especie de capacitación a los sistemas inmobiliarios privados para que contemplen la necesidad de esta comunidad”, agregó el legislador.
Cupo de viviendas
Como salida a la crisis, las personas encuestadas exigen la creación de viviendas públicas con cupos prioritarios, la flexibilización de los requisitos financieros y el diseño de mecanismos eficientes que penalicen la discriminación.
El estudio, impulsado en conjunto con referentes de la diversidad y el equipo legislativo del diputado Carlos del Frade, pretende mostrar la realidad habitacional de la comunidad LBTBIQ+ para acompañar la presentación, por cuarta vez en la Legislatura provincial, Programa Provincial de Acceso Integral al Hábitat para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. “Fundamentamos el proyecto en una discriminación positiva: que el Banco Municipal, que es el único estatal en la provincia de Santa Fe, otorgue una línea de créditos vinculadas a la comunidad con mayor facilidad. También un cupo de viviendas con el sistema Nido, creado por el gobierno de la provincia. Hoy los sectores que conducen la provincia están muy lejos de estas ideas, pero no hace mucho tiempo atrás esta legislatura votó la Ley de Cupo Laboral Trans y en ese mismo sentido debería habilitarse una línea de acceso a la vivienda para esta comunidad, porque si no después el problema social se hace más costoso para el Estado con el aumento de personas en situación de calle”, señaló Del Frade.
El proyecto
La iniciativa propone la creación del Programa Provincial de Acceso Integral al Hábitat para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El objetivo principal es garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna para esta población en situación de vulnerabilidad social. El proyecto contempla acciones habitacionales, sociocomunitarias, educativas, laborales, sanitarias y culturales basadas en los principios de derechos humanos, igualdad y respeto a la diversidad.
El programa está destinado a personas mayores de 18 años con una residencia mínima de dos años en la provincia. La norma no exige haber realizado la rectificación registral del sexo o nombre establecida en la Ley Nacional de Identidad de Género para acceder a los beneficios. La autoridad de aplicación priorizará en la asignación a mujeres mayores de 35 años, personas en situación de calle, grupos convivientes con discapacidad, personas con enfermedades crónicas graves, víctimas de violencia por identidad de género e individuos en extrema vulnerabilidad socioeconómica.
Las herramientas habitacionales planificadas abarcan la adjudicación de viviendas sociales, sistemas de alquiler social, acceso a lotes con servicios, otorgamiento de créditos blandos y el fomento de cooperativas de vivienda. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, designada como autoridad de aplicación central, deberá articular estas políticas con otras carteras del Estado para asegurar el acompañamiento en áreas como salud, educación y trabajo. Además, el texto promueve la capacitación en oficios y la participación activa de las personas beneficiarias en los procesos de autoconstrucción y mantenimiento edilicio.
Para sostener económicamente el programa se instituye un Fondo Provincial específico que se integrará con partidas del presupuesto oficial, fondos de cooperación internacional, donaciones y aportes privados vinculados a estrategias empresariales de sostenibilidad. A su vez, se conforma un registro provincial de carácter voluntario y confidencial de personas beneficiarias. El monitoreo y la transparencia estarán a cargo de un Consejo Provincial Asesor de carácter consultivo, integrado por representantes estatales, actores universitarios y organizaciones de la sociedad civil.
