Salió el proyecto de reforma a la actual ley que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Se volverá a un sistema de supuestos del pasado y sólo se autorizará la práctica en casos de violación o riesgo de muerte.
El gobierno español aprobó ayer una reforma de la ley del aborto que restringe este derecho a las mujeres y sólo lo autoriza en casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre, y de violación. Opositores y grupos feministas criticaron a viva voz por lo que consideraron como otra conquista social arrebatada a los españoles. Si bien debe ser debatida en el Congreso y el Senado antes de entrar en vigor, la mayoría oficialista le da segura viabilidad.
El aborto se autorizará cuando “sea necesario por existir grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer” y que “el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad sexual de la mujer”, explicó ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras el semanal encuentro del consejo de ministros.
En el primer caso será necesario un “informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad de la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer”, distintos del que efectuará el aborto, añadió el ministro al presentar el anteproyecto de ley ayer.
El cambio legislativo supone una vuelta a la ley de supuestos de 1985, que el gobierno socialista reformó en 2010 para permitir el aborto libre en las 14 primeras semanas de embarazo y hasta las 22 en caso de malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
Aunque es una vuelta más restrictiva, ya que se elimina la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto, algo que permitía la ley de 1985.
“Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida entonces se precisa el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico para la mujer más otro informe sobre el feto de tal forma que quede probada esa anomalía”, explicó Gallardón.
Así la nueva ley suprime el aborto como un derecho de la mujer, tal y como recogía la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010: “El derecho a una maternidad libremente decidida”.
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