La justicia confirmó la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos contra el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno. El riojano no quedará preso, porque aún puede apelar ante la Corte Suprema y tiene fueros como senador nacional.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal –Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani– también ratificó las penas a entre cinco y cuatro años de prisión para otros diez condenados por el caso.
La pena a Menem es de cumplimiento efectivo, pero seguirá en libertad porque aún tiene la instancia de la Corte para apelar, además de contar con fueros como senador nacional por la provincia de La Rioja. Un cargo que intentará revalidar en las elecciones de octubre.
El máximo tribunal del país puede confirmar la condena e incluso así la cárcel para Menem, de 87 años, no será automática: primero eel Senado le tiene que retirar los fueros.
El fallo de la Cámara declara a su vez abstracta la situación del fallecido ex ministro de Defensa Oscar Camilión, también involucrado en la investigación. Sí ratifica penas para el traficante de armas Diego Palleros, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y los ex funcionarios de ese organismo Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Sabra, Jorge Cornejo Torino, Carlos Núñez, y Teresa Iñareta de Canterino.
Menem firmó entre 1991 y 1994 tres decretos secretos para venderle armas a Panamá y Venezuela. Esos documentos fueron una pantalla: unas 6.500 toneladas de armamento terminaron en Croacia y Ecuador, sobre los que la comunidad internacional había dictado una prohibición para adquirir armamento.
El ex presidente había sido absuelto en 2011 por el Tribunal Oral Penal Económico 3. Casación revocó ese fallo en marzo de 2013 y lo condenó por contrabando agravado.
La venta ilegal de armas fue la primera sentencia contra Menem. En diciembre de 2015, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, decisión que está pendiente de revisión en la Sala II de Casación.
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