A través de un sencillo trámite, las y los rosarinos pueden anotarse para participar como jurado en los juicios vecinales e impartir justicia sobre faltas al Código de Convivencia. Cómo anotarse
La Municipalidad de Rosario convoca a ciudadanos y ciudadanas a integrar los denominados juicios por jurado contemplados en el Código de Convivencia Ciudadana, a través de un sencillo trámite de inscripción. El objetivo es promover la participación ciudadana, que los rosarinos tengan incidencia real en la impartición de los fallos, favorecer la transparencia, la democratización y que las sanciones sean más acordes a la realidad de la comunidad.
La inscripción es gratuita y se puede efectuar a través de la página web municipal o bien enviando un correo electrónico a juicioporjurados@rosario.gob.ar
En Rosario, el juicio por jurado funciona en el ámbito de la Justicia Municipal de Faltas a través de los Jurados Vecinales, implementados por el Código de Convivencia Ciudadana en 2022. Estos juicios se aplican a faltas de gravedad que afecten al patrimonio, al ambiente, al tránsito, o a otros aspectos de la convivencia. Los jurados, compuestos por cinco ciudadanos comunes elegidos por sorteo, determinan la culpabilidad o no del acusado y la sanción correspondiente, bajo la guía de un juez profesional.
Desde su puesta en funcionamiento se celebraron tres juicios de estas características en la ciudad. Actualmente, el registro cuenta con 1200 inscriptos, pero en diciembre se renueva el sorteo para los 300 jurados que prestarán su servicio entre enero y junio de 2026.
Confirmado el Registro General de Jurados, se realiza un sorteo periódico –de carácter semestral– entre los inscriptos que cumplen los requisitos, para conformar un listado de 300 jurados. Sobre esa base, se eligen por sorteo los titulares y suplentes que intervendrán en cada causa seleccionada.
Las postulaciones son enviadas al Tribunal Municipal de Faltas para su análisis; si resultan aceptadas, se incorporan al Registro de Postulantes.
El juicio por jurados se aplica a faltas contravencionales de gravedad, según lo establecido en la Ordenanza Nº 10.267/2022. Está integrado por cinco ciudadanos rosarinos seleccionados por sorteo de una lista de postulantes inscriptos.
Un juez profesional preside el juicio y explica la ley aplicable, mientras los jurados escuchan las pruebas, los argumentos del fiscal y la defensa del acusado. Los jurados deciden sobre la culpabilidad y las sanciones correspondientes, que pueden incluir multas millonarias, trabajos comunitarios o la prohibición de conducir, entre otras.
El objetivo es reforzar la participación ciudadana en la justicia de faltas, buscando transparencia, democratización y que las sanciones sean más acordes a la realidad de la comunidad.
Rosario es una de las tres primeras ciudades del país en tener esta herramienta para que sean los propios rosarinos y rosarinas quienes decidan qué sanción aplicar ante graves afectaciones a la convivencia, que provoquen daños a la salud, al ambiente o a los servicios públicos. Las otras dos ciudades son San Patricio del Chañar (Neuquén) y Mendoza.
El primer proceso vecinal contravencional se realizó en marzo de 2024 y se vinculó con un caso de sanidad alimentaria. En tanto, el segundo se concretó en septiembre del año pasado y se juzgó a una persona que, para poder tener ingreso a la cochera de un edificio en la zona de 9 de Julio y San Nicolás, taló un árbol sin contar con autorización municipal.
Finalmente, el último tuvo lugar en mayo, cuando se abordó el caso de un motociclista que recibió una imputación múltiple por distintas faltas vinculadas con la conducción: evadió un control que realizaban agentes de la Dirección General de Tránsito y condujo en forma temeraria hasta que detuvo su marcha a varias cuadras del procedimiento. Posteriormente, se observó que la moto –de su propiedad– carecía de chapa patente y no contaba con las condiciones de seguridad reglamentarias.
En esta oportunidad, el veredicto determinó que el infractor fue responsable de las faltas viales de las que se lo acusó, con una condena de realización de trabajos comunitarios en cursos de capacitación y concientización en materia de seguridad vial. También recibió una sanción económica que ascendió a una multa de 1.250 unidades fijas –aproximadamente 1.600.000 pesos– y la inhabilitación para conducir por 60 días.
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