El expediente había sido archivado el año pasado por un fiscal de primera instancia y tras una revisión, el fiscal Regional, Patricio Serjal, ordenó reactivar la pesquisa sobre los tres tiros fatales que recibió el chico por parte de un prefecto. La resolución no fue la misma para el caso Ponce.
La causa de un adolescente de 16 años asesinado de tres disparos por un prefecto en la puerta de su casa en Tablada en 2015 se desarchivó este jueves luego de que el fiscal Regional, Patricio Serjal, revisara la decisión de desestimarla que había tomado el fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno, en marzo del año pasado. La resolución de Serjal no fue la misma para el expediente –archivado también por Moreno– de Alejandro Ponce, cuyo cuerpo apareció a la altura de los silos Davis en octubre de 2015 y sus familiares denunciaron a policías como responsables, indicaron representantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, quienes adelantaron que realizarán otra presentación ante la Justicia para que la investigación de Ponce se reactive.
Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando el 27 de mayo de 2015 se acercó a la ventanilla de un Ford Falcon que estaba estacionado en Patricias Argentinas al 4300. El adolescente recibió tres balazos, uno en la cabeza, y murió en el lugar. En ese auto estaba el prefecto Ariel Fernando Condori, quien nunca negó haber gatillado, pero dijo que se defendió de un robo. La familia de Maximiliano contó que el prefecto, que vestía de civil, lo llamó del auto, y tras una breve discusión le disparó en el pecho, luego se bajó del coche y lo remató de un tiro en la cabeza.
“La fiscal designada fue Karina Bartocci, de la Unidad contra la Violencia Institucional, ya que en nuestro pedido de revisión al fiscal regional habíamos solicitado que las investigaciones quedaran bajo una órbita especializada”, explicó Guillermo Campana, abogado de la querella e integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
“De la reunión que mantuvimos con Serjal entendemos que tuvo una interpretación distinta de la legítima defensa que evaluó el fiscal de primera instancia. El fiscal regional de Rosario entendió que se trataba de una ejecución. Esta causa no tiene por delante medidas de pruebas trascendentales, está todo, sólo tenía que ver con la interpretación del fiscal” Moreno, consideró Campana.
El 30 de octubre de 2015, Alejandro Gastón “Kiki” Ponce, de 23 años, estaba pescando con su hermano Luis cerca de la barranca de los silos Davis. Sus familiares contaron que vieron a policías obligar al joven a saltar al agua, junto con su hermano, y luego arrojarles piedras. Según esos dichos, uno salió con un fuerte corte en la cabeza y el otro se hundió: su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná a los tres días. A raíz se esas declaraciones, la Fiscalía inició una investigación para determinar la responsabilidad de los uniformados.
Fue en ese marco que, en marzo del año pasado, Moreno entendió que no había responsabilidad de los uniformados y ordenó el archivo del expediente.
Esta causa también fue revisada por el fiscal Serjal, tras la reunión que mantuvo con los representantes de la querella y la Multisectorial en mayo pasado, quien decidió no desarchivarla.
En ese marco, el abogado Guillermo Campana consideró que la vía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) está agotada. “En el caso de Alejandro hubo irregularidades en la investigación. Al día de hoy no se conoce la causa de la muerte de Alejandro porque no se investigó lo suficiente y no fueron llamados a declarar muchos testigos”, dijo Campana y adelantó que realizarán una nueva presentación en la Justicia.
Familiares y víctimas de violencia institucional, junto con organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos conforman desde el año 2016 la Multisectorial Contra la Violencia Institucional (MCVI) con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar justicia en algunos de los casos ocurridos Rosario.
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