El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a declaración indagatoria a nuevos imputados en la causa que investiga el denominado “Robo a Tribunales”, ocurrido el 8 de octubre de 1984 en el edificio de los Tribunales Provinciales de Rosario. Se trata de V.H.R., E.R.C. y W.D.P. La medida fue dispuesta el 8 de octubre a partir de la plataforma fáctica expuesta por el dictamen del fiscal Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la jurisdicción Rosario.
Los nuevos imputados integraban la estructura de inteligencia del Destacamento Inteligencia 121 de Ejército Argentino y serían quienes organizaron y ejecutaron el asalto al edificio de los Tribunales Provinciales de Rosario, con el objeto de sustraer y destruir las pruebas obtenidas en diversos allanamientos llevados a cabo pocos días antes en Rosario, las que -según testimonios- comprometían a integrantes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Rosario y sus alrededores.
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El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando un grupo armado irrumpió en el edificio de los Tribunales Provinciales, ubicado en calle Balcarce entre Montevideo y avenida Pellegrini. Para concretar el operativo, sus integrantes privaron ilegítimamente de la libertad al personal policial encargado de la custodia del edificio y sustrajeron sus armas reglamentarias.
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Luego ingresaron al Juzgado de Instrucción N°10, de donde sustrajeron la Causa N°6/84, que posteriormente sería conocida como la causa “Feced”, y elementos probatorios vinculados a esa investigación. El operativo también comprendió el domicilio de calle Dorrego 1638, donde fue privado ilegítimamente de su libertad el personal policial de consigna y se sustrajo su pistola reglamentaria.
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Los antecedentes que permitieron reconstruir la operación fue la condena de Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario mediante la Sentencia N°19/2023, en el marco de un juicio abreviado.
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La prueba tuvo como elemento fundamental los reclamos administrativos que el teniente coronel Luis Américo Muñoz, entonces Segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, presentó ante las autoridades del Ejército, el Ministerio de Defensa y el Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA. Mediante esas presentaciones buscaba que se revisara su calificación como “apto para continuar en su grado”, que le impedía ascender al grado inmediato superior de Coronel.
En su recurso presentado el 15 de mayo de 1989, describió dos hechos vinculados con su gestión como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, con el grado de Teniente Coronel, a los que identificó como “Operaciones Especiales”. El segundo de ellos habría correspondido al denominado “Robo a Tribunales”.
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Al referirse a este último, sostuvo que la Operación había requerido un “gran despliegue de efectivos y medios” y que su finalidad había sido “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos” que buscaban llevar ante la Justicia a personal militar, civil y policial. Según afirmó, el operativo “cumplió ampliamente su cometido”.
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Más adelante, agregó que la segunda Operación Especial, concretada en 1984, había permitido “disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos y llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.
En el marco del acuerdo de juicio abreviado, Funes reconoció los hechos que se le atribuían en la declaración indagatoria. De ese modo, se tuvo por acreditada su intervención en la ejecución del operativo, coordinado con el Jefe de Operaciones (G3) del Comando del II Cuerpo de Ejército, a través de la Jefatura y con el despliegue de personal del Destacamento de Inteligencia 121.
La investigación permitió avanzar sobre estos últimos, a partir del registro audiovisual de una declaración prestada en 1986 ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por Gustavo Francisco Bueno, quien se desempeñaba como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121.
En esa oportunidad, el declarante afirmó que, al menos hasta 1986 “continuaban montados perfectamente elementos de Operaciones Especiales de Inteligencia”. Cuando le solicitaron un ejemplo concreto de maniobras destinadas a impedir el avance de la Justicia, se refirió al “robo que se produce en Tribunales sobre pruebas que poseía la CONADEP”.
En su declaración describió la composición del grupo responsable del operativo e identificó, entre sus integrantes, a quienes ahora fueron citados a prestar declaración indagatoria.
También explicó que el funcionamiento de esa estructura requería un suministro sistemático de información desde los tribunales sobre las causas que investigaban a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Las nuevas citaciones buscan avanzar sobre las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en esa estructura y en la ejecución del operativo, que según la nueva evidencia se trataba de un aparato organizado de poder, integrado por distintos actores que coordinaban sus acciones para sustraer pruebas y obstaculizar deliberadamente el accionar de la justicia.
Las indagatorias de los dos ex integrantes del Personal Civil de Inteligencia ambos vinculados al grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri y con múltiples condenas en distintos tramos de esa causa así como la del ex Jefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, se formalizarán las próximas semanas.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
