Rechazo santafesino a la baja en la edad de imputabilidad

Impulsado por el gobierno nacional, se reabrió el debate por la modificación de la edad de imputabilidad. A contrapelo de la intención del macrismo de llevar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores puedan ser imputados de delitos y juzgados como adultos, el secretario de Juventudes de la provincia Pablo Lamberto planteó que “es necesario un nuevo régimen penal juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que respete las garantías constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos, y en el cual la penas privativas de libertad como sanción sean la excepción (en caso de extrema necesidad) y no la regla”.

El funcionario santafesino recordó que “la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes menores de edad se encuentra regulada por el decreto-ley 22.278/80, de la última dictadura. Esta normativa no es compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional tras la reforma de 1994. Según el Régimen Penal de la Minoridad, entre los 16 y los 18 años, los adolescentes son punibles penalmente pero cuentan con menos garantías procesales que los mayores”. Asimismo, Lamberto sostuvo: “No debemos caer en la trampa discursiva que pretende instalar el debate de la inseguridad vinculada a los jóvenes estigmatizando, agravando e intentando penar delitos cometidos por niños menores de 16 años que, en términos estadísticos, resulta irrelevante”.

Para el secretario de Juventudes, se debe trabajar “para promover el desarrollo de condiciones de vida digna y el cumplimiento de los derechos. No podemos castigar con mayor anticipación a aquellos sujetos que han visto vulnerados sus derechos desde niños y no visualizan oportunidades concretas para su desarrollo”.

En este sentido, Lamberto pidió “no perder de vista la complejidad de la situación, atravesada por la exclusión social y la discriminación” y remarcó “el fracaso de las políticas que intentan resolver los conflictos sociales a través de leyes penales”.

Lamberto afirmó que “el eje debe pasar por la garantía de derechos e igualdad y por un abordaje preventivo desde las políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, salud, alimento, vivienda, recreación y contención social. Para ello es necesario repensar el rol del Estado, apostando a la educación y la participación ciudadana”. En ese marco, Lamberto insistió en que “el Estado debe concretar políticas activas e integrales que intervengan desde la prevención, la contención y tiendan hacia la inclusión social, y que brinden respuestas desde una lógica participativa, creativa y desestigmatizante”.