La decisión de directivos del Profesorado N° 4 de sacar los afiches de una intervención estudiantil por el Ni una Menos encendió la controversia. Mientras alumnas y gremios denuncian censura, la institución alega fallas de procedimiento y recaudos legales
Un pasillo empapelado con los rostros de víctimas de femicidio y sus victimarios se convirtió en el epicentro de una encendida polémica en Reconquista, la cabecera del departamento General Obligado.
Lo que comenzó como un trabajo práctico de futuras docentes en el Instituto Superior de Profesorado N° 4 Ángel Cárcano, en el marco del Ni una Menos, terminó en denuncias de censura, un fuerte repudio de organizaciones sociales y gremiales, y un debate que desnuda las dificultades para la difusión leyes fundamentales como la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela 27.499 en contextos sociales que están cada vez más conservadores.
La intervención, organizada el lunes 3 de junio último por alumnas de 4° año de Educación Primaria desde la cátedra de Sexualidad Humana y Educación, buscaba poner nombre y rostro a los casos más extremos de la violencia machista en el norte santafesino.
Sin embargo, a las 48 horas de su montaje, la dirección del establecimiento ordenó retirar las gigantografías. La justificación que, según estudiantes, recibieron de manera informal fue lapidaria: “No es un cementerio para colgar fotos de muertos”.
Esta acción, calificada como un “acto de censura” por las alumnas y el colectivo docente del gremio de Amsafe, desató una ola de reclamos. Las estudiantes, amparándose en la Ley ESI y la Ley Micaela, que obliga a todos los agentes del Estado a formarse en perspectiva de género, exigieron una explicación formal. “La intervención no generaba obstrucción del paso ni afectaba el normal funcionamiento del espacio”, argumentaron, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y de cátedra.
El repudio se extendió rápidamente. El gremio Amsafe de General Obligado manifestó su “preocupación y disconformidad”, considerando que la medida “interfiere con el normal desarrollo de propuestas pedagógicas que se inscriben en los marcos normativos vigentes”.
A su vez, el colectivo MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), a través de su referente Mariana Meza, trajo a la luz una de las historias detrás de los carteles: la de Adriana Fernández, una joven de 16 años de Las Garzas asesinada en 2004.
“El femicida, en su declaración, dijo frente a la madre que «si ella no era de él, no iba a ser de nadie más»”, relató Meza, añadiendo que el asesino ya cumplió su condena y vive a pocas cuadras de la madre de la víctima.
Con ese dolor como estandarte, exigió a la directora “que reflexione y pida disculpas por respeto a todos los familiares”.
La directora del Profesorado, Sandra Llanes, respondió con un extenso comunicado de seis carillas (Aquí). Lejos de admitir un acto de censura, centró su defensa en fallas de procedimiento y recaudos legales.
Según Llanes, la docente a cargo de la cátedra, profesora Cristina Cáceres, “nunca presentó, ni a la regencia, y menos a dirección alguna moción, nota o proyecto respecto a la actividad”.
Los argumentos para el retiro, según la dirección, fueron varios y de peso legal:
Llanes afirmó que la decisión fue tomada por el Consejo Académico (CAI) y que su responsabilidad como directora era “prevenir situaciones de mayor conflicto en el ámbito legal”.
A su vez, criticó al gremio por recurrir a las redes sociales para “amedrentar” en lugar de buscar el diálogo, una conducta que, según ella, “genera violencia y crea los climas donde ocurren los femicidios”.
Más allá de los argumentos cruzados, el conflicto en el Profesorado N° 4 es un síntoma de un problema más profundo que resuena con fuerza en muchas ciudades.
Evidencia la brecha que existe entre la existencia de leyes progresistas como la ESI y la Ley Micaela, y su efectiva y valiente implementación.
La dirección del instituto reafirma su compromiso con ambas leyes, pero su accionar, centrado en la burocracia y el temor a la controversia legal, es percibido por gran parte de la comunidad educativa como una forma de eludir el debate de fondo que la muestra proponía: hablar de femicidios, de la violencia machista estructural y de la responsabilidad social en un entorno que a menudo prefiere el silencio.
La Ley Micaela no solo exige una capacitación formal, sino un cambio de paradigma. Obliga a los funcionarios a actuar con perspectiva de género, a comprender que visibilizar a las víctimas y a sus asesinos no es un mero trámite administrativo que requiere permisos, sino un acto pedagógico y de reparación social urgente.
El caso del Profesorado N° 4 demuestra que no basta con conocer la norma; es imperativo comprender y abrazar su espíritu, sobre todo en aquellos lugares donde las resistencias culturales son más fuertes y el grito de “Ni una menos” necesita escucharse con más claridad que nunca.
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