Se trata de una organización de 45 empresas reales y “fantasmas” que declaraban exportar subproductos oleaginosos a Chile, obtenían ganancias ilegales por diferencias de valor FOB de la mercadería y las blanqueaban con firmas de Estados Unidos. La investigación comenzó hace dos años
La Policía Federal llevó adelante 38 allanamientos, ordenados por la Justicia federal sobre una red de empresas y profesionales que durante años hicieron operaciones de contrabando de subproductos oleaginosos y lavaron las ganancias mediante triangulaciones internacionales. Los operativos se realizaron en cuatro jurisdicciones, incluyendo uno en el sur de Santa Fe, en la comuna de Murphy.
La investigación de las maniobras corrió por cuenta de detectives de Delitos Fiscales del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Incluyeron análisis de información digital y financiera sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas, además de tareas de campo. Así pusieron al descubierto una red de firmas y personas físicas vinculadas entre sí que efectuaban maniobras de contrabando de ácido oleico y después triangulaban en el exterior el dinero obtenido para ingresarlo a los circuitos legales.
Los primeros pasos para desbaratar la red fueron en noviembre de 2021 en respuesta a una serie de denuncias cursadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección de Investigaciones de la Aduana. Apuntaban empresas reales y “fantasmas” que declaraban exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.
De esa manera, obtenían un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB –valor de la mercancía puesta a bordo que incluye costo en el país de origen, transporte y derechos de exportación– entre la Aduana argentina y su par de Chile. Esa renta fraudulenta era lavada mediante maniobras con firmas radicadas en Estados Unidos.
La organización incluía, según las investigaciones, al menos 45 personas y 19 empresas, algunas de las cuales fueron creadas sólo para generar facturación, lo que se conoce como «fantasmas”, sin solvencia para acreditar las sumas millonarias que comercializan.
Los efectivos federales y la Aduana identificaron a todos los socios y profesionales involucrados y ahí se inició una segunda fase de la investigación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de lo que surgió la conexión con Chile y Estados Unidos.
Los allanamientos derivados del material probatorio reunido incluyeron el secuestro de equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación, entre la cual se cuentan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas. La justicia estimó que las maniobras perjudicaron a las arcas del Estado en un monto que supera los 200 millones de dólares. En base a esa cifra, la Aduana ahora aplicará las multas pertinentes.
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