La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario -conformada por una red de más de 80 organizaciones- presentó formalmente sus propuestas a la Convención Constituyente bajo la consigna de “Una Constitución con perspectiva de derechos humanos, de género y justicia social”.
En su escrito solicita puntualmente:
- La incorporación de todos los tratados y convenciones internacionales ratificadas y que se ratifiquen, en las condiciones de su vigencia, con sus protocolos facultativos y declaraciones interpretativas.
- La incorporación del derecho a la salud como un derecho fundamental en todos sus aspectos, bio-psico.social, la necesidad de la protección de la salud mental, garantizando los tratamientos médicos incluidos los consumos problemáticos de sustancias lícitas e ilícitas, ludopatía y adicción a las nuevas tecnologías; el derecho a la salud sexual, reproductiva garantizando el ejercicio de las decisiones reproductivas sin coerción alguna. En este sentido, sostiene que la objeción de conciencia es individual y no puede ser ejercida institucionalmente, ni alegada cuando hay riesgo para la vida de las personas. Señala la función social de los medicamentos y la prohibición absoluta de la transferencia, así sea parcial, del Laboratorio Industrial Farmacéutico.
- La capacitación obligatoria en Derechos Humanos y perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La creación en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público de la Defensa de ámbitos específicos para la atención de violencia de género, maltrato y abuso infantil, violencia originada en odio racial, orientación sexual o identidad de género. La aplicación de las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
- Garantizar el derecho de todas las personas a una educación en sexualidad que sea integral, positiva y no discriminatoria y el derecho a recibir educación científica y de calidad para ejercer plenamente su sexualidad, erradicar estigmas, estereotipos y discriminaciones basadas en el ejercicio de su sexualidad.
- Establecer el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. También en el Consejo de la Magistratura, Tribunal de Enjuiciamiento, Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa. Se solicita la incorporación del principio de paridad como criterio obligatorio para el dictado de las Cartas Orgánicas de los Municipios.
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