Un análisis sobre la Ley 14.437 revela que el aumento de juicios no explica el costo de las alícuotas y advierte que las empresas terminan pagando los platos rotos de los rechazos de las aseguradoras
Por Juan Manuel Pusineri, ex ministro de Trabajo de Santa Fe
La flamante Ley 14.437 desembarcó en la provincia de Santa Fe con una promesa bajo el brazo: bajar la litigiosidad para aliviar los costos de las empresas. Sin embargo, un informe detallado del ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, pone bajo la lupa los fundamentos de la reforma y plantea que, lejos de solucionar el problema de fondo, la normativa busca «tapar el sol con las manos».
Uno de los pilares del argumento oficial es que el alto índice de juicios encarece la alícuota que pagan las empresas. Pero los números proporcionados por la SRT para 2025 muestran una realidad distinta.
• Juicios: Santa Fe registró 13.864, frente a los 6.085 de Córdoba (más del doble).
• Alícuota: A pesar de la enorme diferencia en litigiosidad, las empresas santafesinas pagan un 4%, apenas un 0,4% más que las cordobesas (3,6%).
La conclusión es lógica: la litigiosidad no es el factor determinante del costo del sistema. La menor cantidad de demandas en Córdoba, se explica por una justicia laboral más robusta y con oralidad que desalienta la judicialización por la rapidez para resolver los conflictos.
El informe de Pusineri detecta que el verdadero motor de los juicios es el rechazo sistemático de las enfermedades profesionales. En Argentina, la cobertura de estas patologías por parte del sistema es menor al 10%, mientras que la OIT estima que representan entre el 35% y el 40% de las contingencias.
¿Por qué sucede esto? Las ART y las Comisiones Médicas se limitan a un listado rígido de enfermedades. Si la dolencia no está en el «manual», se rechaza por una cuestión formal, sin analizar el nexo causal (la relación real entre la tarea y el daño). Cuando el caso llega a la justicia, los jueces —siguiendo criterios de la Corte Suprema y la OIT— suelen reconocer la lesión, lo que explica por qué tantos casos «administrativamente rechazados» terminan en sentencias favorables al trabajador.
Este mecanismo genera un perjuicio directo para las empresas:
1. Al rechazar el siniestro, la ART se desentiende.
2. El siniestro pasa a ser considerado «enfermedad inculpable».
3. La empresa debe hacerse cargo del salario del trabajador durante la licencia.
«La reforma actúa sobre los síntomas (los juicios ya iniciados) pero ignora la enfermedad: un sistema que empuja al trabajador al juzgado al negarle cobertura básica», detalla el análisis.
En lugar de mejorar las instancias administrativas y fortalecer el sistema judicial, la Ley 14.437 apunta a:
• Limitar las pericias médicas.
• Restringir el control judicial.
• Intentar que las decisiones de los jueces coincidan forzosamente con lo que dictan las Comisiones Médicas.
Para los especialistas, la reforma termina siendo un traje a medida de las aseguradoras, dejando tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas en el mismo laberinto de incertidumbre y costos que se pretendía solucionar.
• Sin evidencia: No hay estadísticas que demuestren que la litigiosidad se deba exclusivamente a la ética de abogados y peritos.
• Justicia vs. Administración: Lo que las Comisiones Médicas rechazan por parámetros formales, la justicia lo acepta por evidencias médicas reales.
• Impacto Pyme: El sistema actual desvía la atención del problema estructural y exime de responsabilidad a las ART.
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