El Gobierno expresó su "malestar" ante la "insólita actitud" de la relatora especial de las Naciones Unidas que exhortó a la Casa Rosada a reconsiderar las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares.
El Gobierno expresó su «malestar» ante la «insólita actitud» de la relatora especial de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, que exhortó a la Casa Rosada a reconsiderar las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares.
La «disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura» y «las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares» son «contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», indicó Knaul en un comunicado difundido en Ginebra.
«La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura», afirmó la Relatora especial de la ONU designada en agosto de 2009.
«El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales», dijo Knaul.
«Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial», dijo Knaul.
«Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes», señaló la Relatora especial de la ONU.
Dura respuesta
En un comunicado, la Cancillería consideró «inusitado» el comunicado de prensa emitido por Knaul y remarcó que «los términos del mismo se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la Relatora».
«Resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados, atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó en la noche del viernes pasado al Estado argentino», cuestionó la cartera que conduce Héctor Timerman.
Y agregó que no sólo la Relatora «manifiesta su ignorancia o parcialidad política al recomendar un diálogo participativo e inclusivo con la sociedad y la comunidad jurídica» sino que «convirtió a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro».
A raíz del episodio, la representación argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra mantuvo una reunión con Jane Connors, directora de la División de Procedimientos especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, «manifestando el desagrado argentino por la inconducta de la Relatora en cuestión».
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