Los proyectos que buscan imponer cambios en el Poder Judicial generaron opiniones contrapuestas a nivel nacional. Ayer, durante la aprobación de dos de los seis proyectos estuvieron ausentes los miembros de la oposición por considerar que estas disposiciones atentan contra la República. En diálogo con El Ciudadano, el fiscal de Cámaras de los Tribunales Provinciales de Rosario, Guillermo Camporini, realizó una valoración sobre estas reformas.
“En general, hay propuestas que son positivas y que indudablemente se hacen necesarias por cuanto tienden, en el orden nacional, a trasparentar el acceso a cargos en la Justicia y, a su vez, a poner limites a medidas que puedan llevar a alongar en forma ilimitada los procesos”, consideró.
El fiscal se refirió a los proyectos aprobados ayer en el Senado de la Nación que disponen la creación de tres cámaras de casación y que establecen que los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular. Respecto al primero de ellos, consideró: “Lo que tiende el proyecto es a tratar de alivianar la tarea de la Corte. Las Cámaras de Casación son tribunales de apelación que revisan cuestiones sobre el derecho que han invocado las partes. Si cumplen adecuadamente su labor realmente cumplen una función importante en cuanto a alivianar la labor de la Corte”.
“En referencia al segundo, no creo que sea algo tan preocupante porque la designación de los jueces siempre tiene un contenido político. Aún en el actual sistema, para ser juez, hay que ser aprobado por el Senado de la Nación y la Asamble Legislativa en la provincia de Santa Fe, es decir, que siempre hay una intervención política que tiene posibilidades de limitar el ingreso de una persona a la Magistratura ya que una de sus facultades es la de rechazar el pliego del propuesto”, expresó.
Resaltó que lo importante es la inamovilidad de los jueces, ya que “una vez que éstos son designados, la única forma de removerlos a través de un juicio político, es decir, con la prueba de una actuación deshonesta o bien por incapacidad funcional”.
El Senado de la Nación tratará hoy el proyecto que busca lograr que, por primera vez en la Argentina, se aplique un marco regulatorio sobre la utilización de las medidas cautelares, para evitar que con esto se pueda trabar la aplicación de una iniciativa por un tiempo excesivo. La iniciativa establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. A la vez, establece que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentar.
En referencia a este punto, Camporini opinó: “Esto es muy importante porque no puede paralizarse un proceso por tiempo indefinido. No puede convertirse una medida cautelar en algo que frene en forma indeterminada la cuestión de fondo, porque se desvirtúa el fin del proceso y puede llegar a genera gravámenes que se tornen irreparables. La Justicia, cuando no se aplica en tiempo y forma, se puede convertir en una injusticia”.
El sistema judicial santafesino
En la provincia de Santa Fe, por una delegación de facultades efectuada en anteriores gobiernos, se crea el Consejo de la Magistratura, el cual es el encargado de tomar los examenes y entrevistas de los postulantes a jueces y de proponer en ternas de candidatos al gobernador, quien remite el pliego de uno de ellos para su consideración en la Asamblea Legislativa.
“En Santa Fe, el acceso como empleado en la Justicia tiene un sistema muy transparente porque las pruebas de aptitudes de computación y conocimientos teórico-prácticos son completamente objetivas. Se corrigen en el momento por lo que la Corte únicamente tiene un puntaje producto de una entrevista. Si hubo un muy buen examen no puede nunca la entrevista quitar la posibilidad de ingreso. Podrá mejorar o bajar un poco el orden de mérito pero no poner trabas para acceder al cargo”, apuntó.
