Política

Reforma laboral: Santa Fe avala la rebaja de Ganancias a empresas, pero mantiene cautela sobre el resto de la iniciativa

En un escenario de actividad deprimida, la provincia valora el alivio impositivo incluido en la iniciativa oficial, pero advierte sobre la delicada situación del empleo privado y reclama medidas que apunten a su recuperación

En medio del debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la provincia de Santa Fe adelantó que acompañará el capítulo tributario que propone una rebaja en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, aunque aclaran que eso no implica un respaldo integral al proyecto de ley.

Según confirmaron fuentes provinciales, el Ejecutivo santafesino está dispuesto a avalar la reducción impositiva incluida en la iniciativa, que prevé bajar las alícuotas de Ganancias del 30% al 27% en algunos casos y del 35% al 31,5% en otros. No obstante, remarcan que la reforma laboral debería contemplar otros incentivos concretos para la recuperación del empleo perdido y atender la delicada situación que atraviesa el aparato productivo, en particular el sector manufacturero.

La postura de Santa Fe se conoce en un contexto de fuerte discusión entre la Nación y las provincias. Varios gobernadores expresaron su rechazo a la rebaja tributaria al considerar que tendrá un impacto negativo sobre los recursos coparticipables. De acuerdo a estimaciones difundidas por mandatarios provinciales, el costo fiscal de la medida rondaría los 130 mil millones de pesos mensuales, lo que equivale a cerca de 1,5 billones de pesos anuales.

Desde el gobierno santafesino relativizan ese impacto en el corto plazo. Funcionarios provinciales señalaron que el efecto sobre los recursos coparticipables recién se vería reflejado en 2027 y que, en caso de que la reforma logre dinamizar la actividad económica, podría ser compensado a través de una mayor recaudación de otros tributos.

Por otra parte, reconocen que la reducción del Impuesto a las Ganancias a sociedades funciona, en los hechos, como un alivio fiscal orientado principalmente a las grandes empresas. Admiten además que su inclusión dentro del proyecto de reforma laboral no responde a cambios estructurales en el régimen de trabajo, sino a una estrategia política para sumar respaldo del sector empresario a la iniciativa del Gobierno nacional. En ese marco, si bien valoran de manera positiva una baja de la presión tributaria, consideran que la medida podría haber estado acompañada por mecanismos que vinculen ese beneficio con compromisos concretos de generación de empleo.

La cautela de la provincia se explica, en buena medida, por la preocupación creciente en torno a la pérdida de empleo registrado, un fenómeno que se profundizó durante el último año en un contexto de caída de la actividad económica. En Santa Fe, como en otras provincias con fuerte perfil industrial, el retroceso del empleo formal golpeó con mayor fuerza a sectores vinculados a la producción manufacturera, afectados por la contracción del consumo, la apertura importadora, el encarecimiento del crédito y la caída de la obra pública. 

La discusión se da además en un escenario fiscal todavía frágil para las provincias. Días atrás, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que el total de transferencias a las jurisdicciones –automáticas y no automáticas– registró una leve mejora real del 2,7%. Sin embargo, ese repunte se produce luego de un 2024 marcado por una fuerte caída interanual del 19,7% respecto de 2023, un dato que explica por qué persiste la preocupación de los gobernadores ante cualquier cambio que afecte la coparticipación.

Así, Santa Fe busca mantener una posición intermedia: acompañar una baja impositiva que considera positiva en términos generales, pero sin avalar de manera automática una reforma laboral que, entienden, debería incorporar herramientas más directas para la creación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo.

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