La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad y giró al Senado un proyecto por el cual se crea un Registro de Identificación Balístico de Armas de Fuego para colaborar en las investigaciones penales. Es el primero a nivel nacional y funcionará en el Ministerio de Seguridad
En busca de generar “un elemento disuasorio” que ayude a ponerle un freno a los delitos violentos, la Legislatura avanza en la creación del Registro de Identificación Balístico de Armas de Fuego que funcionará en el ámbito provincial.
En su última sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a un proyecto elaborado por el radical Santiago Mascheroni y el socialista Rubén Galassi por el cual se crea el registro que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Según Galassi, esa herramienta “va a colaborar en las investigaciones penales y esperemos sea un elemento disuasorio para cometer delitos”.
“Sabemos que la potestad la tiene el RENAR que es un organismo nacional, pero este registro que proponemos sigue recomendaciones expresas de las Naciones Unidas. También representa una novedad a nivel nacional, igual que la ley de decomiso. Ninguna provincia tiene por ley la existencia de un registro de estas características”, agregó el diputado socialista.
Su colega Mascheroni destacó: “Su objetivo es determinar con absoluto grado de certeza y de precisión la procedencia de un proyectil respecto del arma empleada”.
Las funciones del organismo –si el Senado lo convierte en ley– serán registrar, sistematizar y digitalizar las armas de fuego; identificar e individualizar cada arma de fuego según las estrías del cañón y las marcas producidas sobre la ojiva y la vaina disparada; preservar adecuadamente la prueba testigo, que será patrimonio exclusivo y excluyente del Ministerio de Seguridad; y verificar y evaluar el estado general de las armas de fuego.
El proyecto también ordena que las armas auditadas antes de la ley sean incorporadas al nuevo registro, tipifica las infracciones a la ley y establece las sanciones a aplicar en casos de incumplimiento, que pueden llegar a la suspensión de la autorización para funcionar a agencias de seguridad, entidades de tiro y cotos de caza.
“Esta iniciativa intenta sumar una herramienta más al Estado provincial en su lucha contra la violencia y la proliferación armada, sentando las bases para avanzar en una política sólida de lucha contra los delitos cometidos con armas de fuego”, destacó Galassi. Y remarcó que “está en sintonía con una serie de avances que nuestra legislación provincial ha tenido en los últimos años en materia procesal penal, de persecución del delito y seguridad ciudadana”.
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