La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la provincia convocará a senadores y funcionarios del Ejecutivo para avanzar en una nueva normativa sobre agroquímicos. Armarán una mesa de trabajo para estudiar cambios a la ley actual, vigente desde 1995.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, presidida por la socialista Erica Hynes, decidió conformar una mesa de trabajo para tratar una nueva ley de agroquímicos.
Durante una reunión realizada este miércoles, los legisladores acordaron convocar a sus pares del Senado provincial y pedir audiencias a los ministros de Salud, Medio Ambiente y Producción de la provincia de Santa Fe con el objetivo de lograr avances concretos en la nueva normativa.
Se trata de un nuevo intento por modificar la ley 11.273 que, hasta el momento, lleva tres medias sanciones en la Cámara de Diputados (en 2010, 2015 y 2019) pero que nunca fue tratada por el Senado. La medida llega en el marco de un creciente debate sobre el tema, renovado por la pandemia, la demanda de alimentos seguros y suficientes, y el cambio climático.
La ley provincial de productos fitosanitarios se aprobó en 1995, un año antes de la autorización de la soja transgénica a nivel nacional. En su articulado se establece el radio de aplicación de los agroquímicos según su clase toxicológica y cercanía a los espacios urbanos.
La ley también destaca el rol de los municipios y comunas respecto de la aplicación de los plaguicidas y las excepciones, pues fija el piso que se debería implementar a nivel territorial. Es así que, en los más de 25 años de vigencia de la ley, muchos municipios y comunas fueron estableciendo los límites urbanos, en especial, las distancias en las que está prohibida la aplicación de los agroquímicos.
Las fallas en los controles y la disparidad en las normativas locales provocaron la judicialización creciente del tema. En 2009 el fallo “San Jorge» dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad, a una distancia no menor a 800 metros para fumigaciones terrestres y de 1500 para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana.
En febrero de 2020, a raíz de un amparo colectivo, se fijó un perímetro de exclusión de 800 metros para fumigaciones terrestres en la localidad de Sastre y Ortiz.
También creció el número de gobiernos locales que emitió ordenanzas al respecto, que muestran una diversidad de enfoques en todo el territorio santafesino.
A pesar de estos cambios y de los tres intentos por modificar la ley provincial que lograron media sanción en la Cámara baja, los proyectos nunca avanzaron en el Senado. Ahora, ante la existencia de iniciativas en ambas cámaras, los diputados y las diputadas pretenden espacios de diálogo y trabajo, sumando también al ejecutivo provincial, con la expectativa de encontrar puntos de acuerdo que permitan mejorar la normativa existente.
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