El expolicía federal Raúl Héctor Cerliani murió días atrás mientras aguardaba el inicio del juicio oral en el que está procesado por 40 secuestros y por el delito de asociación ilícita
La delegación Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) volvió a reclamar el inicio del juicio oral por la represión estatal y paraestatal en 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución, durante los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, tras el fallecimiento de uno de los procesados en la causa.
Según informó su defensa, el expolicía federal Raúl Héctor Cerliani murió días atrás mientras aguardaba el inicio del juicio oral en el que está procesado por 40 secuestros y por el delito de asociación ilícita.
“Cerliani estaba acusado como coautor de 40 privaciones ilegítimas de la libertad, que sufrieron los obreros en lucha por la democracia sindical y quienes solidariamente apoyaron y aportaron a una de las últimas grandes gestas del sindicalismo combativo y también por el delito de asociación ilícita”, señaló la APDH Rosario a través de un comunicado.
En esa línea, enfatizó que “hoy perdemos la posibilidad de enrostrarle estos graves delitos, a manos de la impunidad biológica que incansablemente denunciamos”.
El organismo de Derechos Humanos realizó varias presentaciones y mantuvo reuniones con los jueces del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci, para solicitarle que fijen una fecha de comienzo del proceso oral.
La causa por los hechos del “Villazo”, la ocupación militar, policial y parapolicial de la ciudad de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, a raíz del triunfo de la opositora Lista Marrón en las elecciones de la UOM local, se inició hace una década.
Elevada a juicio oral desde el año pasado, el proceso aún no tiene fecha de inicio.
“Lamentablemente nuestros miedos y nuestras advertencias sobre la viabilidad del juicio se hacen carne”, sostuvo la APDH, para agregar que “no sólo denunciamos que la vida de los compañeros y las compañeras que esperan justicia es finita, sino también la de quienes son llamados a dar respuesta del genocidio que perpetraron”.
El organismo sostuvo que “la falta de perspectiva de un inicio de juicio en el corto plazo aumenta nuestra certidumbre del retroceso que estamos viviendo en materia de derechos humanos”, y agregó que “más aún cuando se trata del juzgamiento de responsabilidades empresariales”.
Es que entre los acusados hay dos exempleados jerárquicos de la acería Acindar, que según la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM, enfrentada a la conducción nacional en manos de Lorenzo Miguel.
El fallecimiento de Cerliani, quien se desempeñó entre el enero de 1974 y el mismo mes de 1977 en la Dirección General de Interior y en Superior Seguridad Federal de la PFA, actualizó el reclamo de la APDH por el comienzo del proceso que debe ventilar hechos ocurridos hace 50 años.
“Noticias como estas deberían ser una exhortación a los jueces Sutter Schneider, Vázquez y Paulucci a fijar sin dilaciones el comienzo del juicio oral”, sostuvo el organismo de Derechos Humanos.
En la causa hay 25 imputados que llegarán a proceso oral, de los 46 que cito a indagatoria en primera instancia el juez federal Marcelo Bailaque.
El fiscal del caso, Adolfo Villatte, había solicitado las declaraciones indagatorias de 102 personas entre militares, civiles y policías.
El «Villazo» se inició el 20 de marzo de 1975 cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales «ocupó» Villa Constitución y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.
Según la investigación, ese proceso represivo ofició como «laboratorio» de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
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