Dimitió este martes frente al presidente tras quedar involucrado en un caso de tráfico de influencias y prevaricato, con algunos allegados detenidos preventivamente. Ahora, el jefe del Estado tendrá que decidir la salida institucional, con dos caminos posibles
El primer ministro de Portugal, António Costa, presentó este martes su dimisión después de que la Fiscalía lo incluyera en una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde.
Costa, que había asumido el cargo en 2015, entregó su renuncia al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en la segunda visita que realizó a su residencia oficial de Belém en menos de cuatro horas, cuando ya se había divulgado que el Tribunal Supremo había abierto una investigación separada para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones de litio en Montalegre y Covas do Barroso y un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines.
En una breve conferencia de prensa, Costa señaló que “la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” por parte del Tribunal. Y agregó: “Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”.
El Jefe del Estado (presidente) tiene competencias para disolver ahora la Asamblea de la República y convocar a elecciones anticipadas, aunque puede también decidir la continuidad de la legislatura con el nombramiento de un nuevo primer ministro.
Los hechos se precipitaron cuando, en la mañana de este mismo martes, detuvieron preventivamente en Lisboa a dos personas del círculo íntimo de Costa por irregularidades en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y proyectos de hidrógeno verde: Vítor Escária, jefe de gabinete del primer ministro, y el empresario Diogo Lacerda Machado, un amigo a quien el renunciante había confiado hace tiempo misiones de alto impacto como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP.
A la vez, la Policía de Seguridad Pública realizó unos 42 allanamientos por el caso. Entre otros domicilios, a la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento. También a las sede de los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática, como también a 17 domicilios y cinco despachos de abogados.
La Procuraduría General de la República declaró como sospechosos de participar en las maniobras que se investigan al ministro de Infraestructuras, João Galamba, y al presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Otros detenidos son el alcalde de la ciudad de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en esa localidad.
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