Residuos fuera de control: el trabajo de la UBA y la UNR que expone un problema ambiental crítico

En un país donde no existen estadísticas oficiales sistematizadas sobre la generación y el tratamiento de residuos, un relevamiento impulsado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades UBA-UNR puso números a una problemática ambiental de gran magnitud. Según el último informe anual (jul24-jun25), apenas una pequeña fracción de las casi 20 millones de toneladas generadas recibe tratamiento adecuado. Solo el 5,57% de los residuos fue gestionado correctamente, lo que equivale a 1,08 millones de toneladas tratadas anualmente.

Aunque existen más de 252.000 empresas generadoras de residuos, solo unas 31.500 contratan servicios de tratamiento, lo que representa el 12,48% del total. Esta realidad alarmante pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, avanzar en la reglamentación de normas vigentes y generar políticas públicas basadas en evidencia que permitan revertir una tendencia que, año tras año, deja miles de toneladas de residuos peligrosos sin gestión adecuada.

Un observatorio para concientizar

El Observatorio produce informes bimestrales y anuales que muestran que, aunque los porcentajes varían según el período, el tratamiento de residuos peligrosos rara vez supera el 8% y en algunos momentos desciende cerca del 4%. Si se toma en cuenta todo este tiempo, se estima en un 5% la cifra promedio de los residuos que reciben una gestión adecuada a nivel nacional.

Este organismo es reciente en Argentina. El convenio que formalizó su creación se firmó en mayo del 2021, por iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las cámaras empresarias Catries (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales) y Caitpa (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental).

“En el año 2016 comenzamos a hacer consultas en los distintos ministerios de las provincias, en organismos nacionales y en el Cofema, para tratar de tener datos oficiales, pero no los conseguimos. En el 2020, desde Catries y Caitpa, hicimos un primer estudio, con apoyo de una consultora privada, el cual arrojó que se trataba menos del 20% de los residuos en ese momento. Fue así que en el 2021 nos contactamos con Matías De Bueno, hoy secretario de Ambiente de la UNR, y decidimos hacer una alianza para crear el Observatorio”, señaló Claudia Kalinec, presidenta de Catries.

El objetivo era tener a mano una herramienta que permitiera dimensionar, con datos concretos y rigor científico, una problemática hasta entonces invisibilizada. Para eso se diseñó una metodología propia que releva y sistematiza información de manera periódica. Para sus informes, el Observatorio realiza un relevamiento mensual a empresas tratadoras asociadas a las cámaras, que incluyen 47 plantas en todo el país. A través de encuestas anónimas, se recopilan datos sobre volúmenes de residuos tratados, características de los clientes y tendencias de generación.

Los resultados se integran y analizan mediante un modelo estadístico que permite extrapolar la información a nivel nacional, generando indicadores confiables sobre la cantidad tratada y especialmente los que quedan fuera del circuito formal de gestión. De esta manera, se construye un panorama detallado y científico de la situación ambiental, indispensable para orientar políticas públicas, controles y proyectos de gestión sustentable.

Según De Bueno, quien además de abogado es referente en políticas públicas ambientales, el valor de estos datos radica en que provienen de organizaciones y universidades públicas, lo que les otorga respaldo científico y metodológico. “Están elaborados por equipos técnicos especializados y cuentan con la misma fuerza probatoria que la de peritos oficiales, según la Ley General del Ambiente. Se trata de información veraz y confiable, única en su tipo en el país, que tiene el aval de dos de las universidades más importantes de Argentina y de todo el rigor científico que ello implica”, sostuvo el especialista ambiental.

Una deuda pendiente

Para De Bueno, la gran pregunta que plantea este panorama es dónde termina el 95% de residuos aproximados que no se tratan correctamente: “está en los ríos, en el aire, en los terrenos, en las cavas y basurales. Lamentablemente, muchos residuos se desechan de forma inadecuada; son venenosos, contaminantes y afectan gravemente la salud, el ambiente, la flora, la fauna y a las personas. El problema es que estos costos ambientales no los paga quien debería, sino que los absorbe la sociedad en su conjunto”.

El último informe del Observatorio indica que la situación se agravó durante el 2025, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Durante el primer semestre de ese año se observó una caída abrupta en la tasa de tratamiento, que descendió a niveles cercanos al 6%, desde valores superiores al 8% registrados en períodos anteriores. Este fenómeno se explica principalmente por la salida de empresas pequeñas del sistema, la cantidad de pymes contratantes cayó alrededor de un 30% en los primeros seis meses.

“El trabajo del Observatorio es fundamental porque nos da un panorama y números que indican dónde es necesario invertir, qué tecnologías utilizar para tratar distintos tipos de residuos y cuáles se están generando; incluso nos permite elaborar mapas y herramientas básicas para la gestión del sector”, explicó Solari, titular de Caitpa.

Para los referentes, contar con información actualizada marca el camino de las acciones necesarias a tomar. Estas van desde aumentar los controles y la trazabilidad, a generar más índices y analizar provincia por provincia qué residuos se producen y qué porción recibe una gestión adecuada. Además, De Bueno subrayó la urgencia de avanzar en la reglamentación de normas existentes, como la Ley 25.612 de presupuestos mínimos de protección ambiental y la Ley 13.959, que hasta ahora no ha sido reglamentada, para que las políticas públicas puedan transformarse en medidas concretas que reduzcan el impacto nocivo y protejan a la sociedad.