El procedimiento estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y es en el marco de una causa “por falsedad y uso de instrumento público y legitimación de activos de origen ilícito”
En un operativo desarrollado esta semana en la localidad de Roldán, el Gobierno de la Provincia decomisó tres inmuebles que pertenecían a la organización delictiva dedicada al fraude económico, con perfil de guante blanco.
A partir de la orden de la jueza Eleonora Verón en torno a una causa “por falsedad y uso de instrumento público y legitimación de activos de origen ilícito”, la acción fue desarrollada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.
Así, el Gobierno de la provincia decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas o su reutilización con fines sociales o uso del Estado.
“Hemos decomisado tres lotes que pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a realizar distintos tipos de estafas”, señaló el secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, para luego explicar que “con operativos de esta naturaleza continuamos debilitando a las organizaciones criminales”. Luego, el funcionario remarcó que “estas acciones responden a pedidos expresos del gobernador Máximo Pullaro y el ministro Fabián Bastia: tenemos que ir por los bienes de los delincuentes; controlar la cárcel para controlar la calle; y debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico para que no puedan operar en el territorio provincial y de esta manera quitándoles sus bienes para luego subastarlos”.
Cabe señalar que todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de Aprad. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.
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