La defensa del agente estuvo integrada por los abogados Gustavo Feldman, Marcos Monetti Peiretti y Liza Feldman, quienes argumentaron la responsabilidad directa de los progenitores en la crianza frente a la postura fiscal que proponía delegar el cuidado en otros familiares
El fallo fue dictado por Javier Beltramone
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario revocó la prisión preventiva del suboficial de policía G.A.N. y dispuso su inmediata libertad desde la cárcel de Piñero bajo reglas de conducta. La resolución fue dictada por el camarista Javier Beltramone, quien anuló el fallo dictado semanas atrás por una jueza de primera instancia.
La causa investiga un hecho ocurrido a finales de mayo de 2024 en la zona noroeste de Rosario durante un procedimiento de la Policía de Acción Táctica (PAT), en el que otro agente roció con alcohol y prendió fuego a la víctima R.A.A., ocasionándole quemaduras.
Respecto de la conducta atribuida a G.A.N., el juez Beltramone señaló que no se le imputó autoría, ataque físico ni participación material en la agresión, sino únicamente la omisión de no haber denunciado lo sucedido en el momento. Frente al planteo de la fiscal Marisol Fabbro, el tribunal descartó el concurso real de delitos y encuadró el hecho como un único encubrimiento por omisión.
Al tratarse de un funcionario sin antecedentes penales y con una escala penal que deriva en una eventual condena de ejecución condicional, el magistrado resolvió que la libertad del imputado no ponía en riesgo los fines del proceso. En la decisión se contempló además la situación de la hija del policía, una niña que cumplió un año el día de la audiencia.
La defensa del agente estuvo integrada por los abogados Gustavo Feldman, Marcos Monetti Peiretti y Liza Feldman, quienes argumentaron la responsabilidad directa de los progenitores en la crianza frente a la postura fiscal que proponía delegar el cuidado en otros familiares.
El tribunal fijó las siguientes reglas de conducta para que G.A.N. transite el proceso en la localidad de Helvecia:
Arraigo obligatorio en la localidad con prohibición de salida.
Firma semanal en la comisaría local.
Fianza de 100 mil pesos.
Designación de su pareja como garante judicial.
Prohibición absoluta de contacto con las víctimas y demás coimputados.
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