Rosario: un caso de violencia de género derivó en más agresiones y un hombre terminó en terapia

Cuatro policías que quedaron involucrados en un procedimiento que terminó con un hombre lesionado e internado en terapia intensiva fueron imputados este domingo. Dos de ellos quedaron sindicados por la fiscalía por los delitos de «vejaciones y apremios ilegales», entre otros. Mientras que sus compañeros que llegaron luego a prestar apoyo fueron imputados por «encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público». La jueza Paula Álvarez, que presidió la audiencia, dispuso la prisión preventiva para dos de ellos por el plazo de dos meses y la libertad con restricciones para otros dos.

Según los fiscales Karina Bartocci y Matías Ocariz el hecho ocurrió cerca de las 20.15 del 11 de julio cuando Cristian Mena y Brian Alejandro Merlo fueron comisionados a una casa ubicada en Mamboreta al 900 bis, donde entrevistaron a una mujer que pedía auxilio.

Según la información, se trataba de la madre del sospechoso que «se había violentado con ella, estaba generando daños en la casa y se encontraba alcoholizado», contaron.

Los fiscales explicaron que al momento de la llegada del personal policial el hombre estaba en un galpón ubicado en el patio de la casa. Tenía un martillo en la mano. Pero los uniformados lo golpearon ocasionándole múltiples heridas.

Mientras el hecho ocurría otros dos uniformados fueron comisionados para prestar colaboración con sus compañeros. Se trató de Carlos Javier Pérez y Rocío Lucía Facio.

Según los fiscales, lo que hicieron estos empleados policiales fue trasladar a la víctima hasta el Policlínico San Martín sin dar aviso a ninguna autoridad competente y sin consignar en el acta que el hombre estaba visiblemente golpeado.

Imputaron a los primeros uniformados que llegaron a la casa «por vejaciones, apremios ilegales, falsificación de documento público – ya que habrían insertado datos falsos en las mismas – e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Mientras que a los otros dos los imputaron por los delitos de «encubrimiento agravado por ayudar a eludir una investigación y sustraerse a la justicia», por «no denunciar un delito y ser funcionario público» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Tras la sindicación fiscal, se solicitaron medidas cautelares que fueron ordenadas por la jueza actuante. Álvarez dispuso prisión preventiva por el plazo de 60 días para Cristian Mena y Brian Alejandro Merlo. Y la libertad con restricciones para los otros dos uniformados, entre ellos la prohibición de mantener cualquier contacto con los coimputados o familiares de estos y pagar una fianza.