El plenario del Consejo de la Magistratura mandó a la comisión de Acusación el caso contra el juez federal Gastón Salmain, que prestará declaración indagatoria por presunta corrupción. Su defensa alega "direccionamiento sui generis" y pide nulidad de lo actuado
El plenario del Consejo de la Magistratura definió por decisión unánime enviar a la Comisión de Acusación, presidida por el senador Luis Juez, el Dictamen Nº 142/2025 referido al juez federal Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El magistrado es investigado en una causa penal por presunta corrupción a cargo del juez Carlos Vera Barros, en la que se analiza su relación con el financista e imputado colaborador Fernando Whpei. La indagatoria está prevista para el próximo martes, cuando su defensa pedirá la nulidad de lo actuado hasta el momento al alegar «direccionamiento sui generis» contra el juez, quien eludió la última convocatoria a la instancia de imputación alegando padecer de «vértigo».
Según las actuaciones, Salmain fue llamado a declarar para explicar su presunto vínculo con Whpei, quien declaró que el juez habría facilitado el acceso al mercado oficial de cambios para una operación de 10 millones de dólares en diciembre de 2023, cuando regían un cepo cambiario y una amplia brecha con el mercado paralelo. A cambio de la resolución judicial que permitió la compra al tipo de cambio oficial, el financista sostuvo que el magistrado podría haber esperado una remuneración ilícita, aunque el beneficio económico se habría reducido por la devaluación posterior a la asunción del presidente Javier Milei.
La resolución cuestionada autorizó a la firma Attila Fideicomisos SRL, vinculada a Whpei, a adquirir los 10 millones de dólares a un valor cercano a $379, en un contexto en que la cotización informal superaba los $950. La decisión firmada por Salmain fue dictada sin intervención previa del Ministerio Público Fiscal (MPF), y pese a la apelación inmediata del Banco Central (BCRA), que buscó impedir la operación.
La Cámara Federal de Rosario revocó la medida en marzo de 2024, aunque cuando se dictó la resolución el resultado económico ya era irreversible. De acuerdo con los fiscales que investigan el caso, la ganancia obtenida por la operación habría rondado los 2 millones de dólares, de los cuales un 10% correspondería a Salmain y otro 10% a un intermediario, según la hipótesis que se analiza en el expediente.
El MPF impulsa el caso a través de los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC), en conjunto con la PROCUNAR, la PIA y el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo. El MPF ya había solicitado el allanamiento del despacho del juez y el secuestro de su teléfono celular, diligencia que inicialmente se frustró por una filtración en el sistema Lex 100. Luego, Salmain pidió información sobre el procedimiento a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), motivo por el cual se abrió una nueva causa por abuso de autoridad debido a que el expediente se encontraba bajo secreto de sumario.
La investigación también detectó comunicaciones entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y colaborador en la causa contra otro juez investigado por la Justicia, Marcelo Bailaque. Un peritaje sobre el teléfono de Vaudagna confirmó intercambios entre 2018 y 2019. En febrero de 2024, la Cámara Federal de Rosario separó a Salmain de dos expedientes en los que intervenía y que involucraban al exfuncionario tributario.
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