Salud pública: piden que ONGs católicas no intervengan

Ante la presencia y la actividad de ONGs católicas en hospitales públicos, desde la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe le pidieron al Ministerio de Salud de la provincia que tome medidas para evitar que interfieran en la prestación del servicio de salud.

La situación más preocupante se da en el hospital Iturraspe de Santa Fe, donde funciona la principal maternidad de la capital provincial. Allí actúa la ONG católica Grávida, que fue protagonista de un caso emblemático cuando una psicóloga de esa entidad indujo a una niña de 11 años que había sido violada a continuar con su embarazo en lugar de abortar (como establece el Código Penal).

Por ese caso, la psicóloga María Belén Catalano fue sancionada en abril del año pasado por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe. La sanción (suspensión de la matrícula por seis meses) fue “por obstaculizar e interponerse a que una niña de 11 años, con discapacidad y que había sido abusada sexualmente por su padrastro, ejerciera su derecho a realizarse un aborto no punible en el hospital Iturraspe”.

Aquella sanción fue apelada y la Cámara le dio la razón en dos ocasiones a la profesional. Finalmente, en octubre de 2017 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe anuló por unanimidad la sanción impuesta a la psicóloga y voluntaria de Grávida.

Preocupados por esa decisión judicial, y por la actividad que realizan ONGs como Grávida en los nosocomios públicos, integrantes del Colegio de Psicólogos de Santa Fe se reunieron el último miércoles con integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. “Desde la comisión reivindicamos la potestad de los colegios”, resumió la diputada provincial Alicia Gutiérrez.

La audiencia realizada en la Legislatura se originó por la preocupación que generaron los fallos judiciales entre la comunidad de psicólogos de la capital santafesina.

“Lo que ha sucedido es gravísimo, no sólo se han violentado los derechos de una niña que fue influenciada por una psicóloga, desde el fundamentalismo religioso y en contra de toda ética profesional, para que no accediera a un aborto legal, sino que la Justicia, además, ha convalidado esta situación”, sostuvo Gutiérrez.

“Cometió faltas graves”

La actuación de Catalano fue criticada desde el Colegio de Psicólogos: “Cometió dos faltas muy graves. En primer lugar, interfirió en el trabajo de otros profesionales, ya que la niña estaba siendo atendida por un equipo interdisciplinario del hospital, pero además, está absolutamente prohibido que los psicólogos influyan en sus consultantes de acuerdo a las convicciones políticas o religiosas. El psicólogo tiene que ayudar a las personas a tomar decisiones que estén de acuerdo a las convicciones y deseos del paciente”, sostuvo la presidenta del Colegio de Psicólogos, Mónica Niel.

Como resultado de esa intervención absolutamente irregular, la menor tuvo el bebé, al que nombró Francisco, como el Papa.

La sanción que el Colegio le aplicó a la profesional fue anulada por la Cámara de Apelaciones en mayo de 2017 y el fallo quedó firme en octubre del mismo año. La Justicia declaró que se violó el “derecho de defensa” de Catalano y que se efectuó un “procedimiento irregular, defectuoso, de nulidad absoluta”, según el abogado defensor, Esteban Romero.

“Consideramos que ese fallo carece de fundamento ya que el Estado delega las sanciones disciplinarias sobre los colegios profesionales”, afirmaron desde la comisión de Derechos y Garantías.