San Cristóbal: la querella cuestionó el sobreseimiento del autor del ataque en la escuela y apeló para mantener la causa en el fuero penal

El sobreseimiento del adolescente que protagonizó el trágico ataque en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de San Cristóbal —que causó la muerte de Ian Cabrera y dejó a otras ocho personas heridas— abrió un severo debate jurídico e institucional sobre qué fuero debe supervisar de ahora en adelante sus medidas de resguardo y tratamiento. El fallo dictado por el juez José Boaglio se fundamentó en que el acusado tenía 15 años al momento del hecho, ocurrido el 30 de marzo de 2026, lo que lo volvía inimputable según el régimen legal vigente a esa fecha. Sin embargo, la resolución generó un inmediato rechazo de la querella, que cuestionó el apresuramiento para derivar el seguimiento del caso a la justicia de familia.

En conferencia de prensa, Luis Hilbert, abogado representante de la familia de Ian, remarcó la necesidad de diferenciar la imposibilidad de aplicar una condena penal de la conveniencia de mantener la supervisión de la internación dentro del ámbito penal juvenil. El letrado aclaró que la reforma legal que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años entró en vigencia con posterioridad al ataque y no puede aplicarse de forma retroactiva, por lo que el joven no puede ser llevado a juicio. Pese a ello, Hilbert advirtió: “Creo que hay un apresuramiento en dictar el sobreseimiento. Si hay un plazo, ¿para qué el apuro?”. En ese sentido, fundamentó que el caso reviste una gravedad inédita y exige evaluar rigurosamente la evolución del adolescente con la intervención de los equipos de psiquiatría, psicología y organismos de niñez antes de alterar el esquema de control.

Respecto de la situación actual del menor, Hilbert puntualizó que el juez no autorizó el traslado solicitado por la defensa para que fuera a convivir con su padre en Entre Ríos, dado que los profesionales intervinientes no habían dado su conformidad. Por lo tanto, el adolescente continuará alojado en una institución de Venado Tuerto. Consultado sobre una hipotética reinserción escolar o social, el abogado prefirió la cautela al señalar que se trata de una evaluación que corresponde de manera exclusiva a los psiquiatras y psicólogos a cargo del tratamiento. Asimismo, confirmó que la decisión fue apelada y deberá ser resuelta por la Cámara Penal de Rafaela, tribunal de alzada correspondiente a la jurisdicción de San Cristóbal.

De manera paralela a la discusión en los tribunales penales, la querella avanza en las acciones por la vía civil. Hilbert informó que ya se iniciaron demandas contra el padre, la madre y el abuelo del menor, atribuyéndole a este último la responsabilidad por las condiciones de custodia del arma empleada en la masacre. A su vez, los representantes de la familia interpusieron un reclamo administrativo previo contra la Escuela Normal N.º 40, el Ministerio de Educación y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, como paso antecedente a una demanda judicial contra el Estado.

Más allá de los planteos técnicos y las estrategias de la causa, el letrado transmitió el devastador impacto emocional que atraviesan los padres de la víctima y la complejidad de traducir los alcances técnicos de la inimputabilidad en medio de semejante tragedia. “La familia en este momento tiene un inmenso dolor por todo lo que ha pasado. No hay una palabra que pueda alcanzar para aliviar la tristeza que tienen por la pérdida de su hijo”, concluyó.