Junto al vigilador de la reserva Don Carmelo, y otras seis personas, cazaba especies autóctonas, los mismos animales que supuestamente debía proteger. Fueron sorprendidos y detenidos por la policía mientras faenaban tres guanacos y un ñandú
Un empleado de la Secretaría de Ambiente de San Juan y un vigilador privado fueron detenidos junto a otras seis personas mientras cazaban especies autóctonas en la reserva natural «El Carmelo», que ellos debían cuidar, informaron este miércoles fuentes policiales.
La inusual situación se vivió este martes por la noche, cuando agentes de la Secretaría de Ambiente y de la Policía provincial encontraron a un grupo de cazadores furtivos faenando animales autóctonos dentro de la «Reserva Privada de Usos Múltiples Don Carmelo».
La sorpresa de los investigadores fue que el guardia de la Secretaría de Ambiente y el encargado y vigilador privado de la reserva, estaban en el grupo de cazadores.
La reserva Don Carmelo es un predio privado de 40 mil hectáreas, ubicado a 130 kilómetros al noroeste de la capital de San Juan en el departamento de Ullum y al que sólo se accede en camionetas 4 X 4.
Se trata de un lugar de enorme belleza que es visitado por el turismo en verano, donde conviven especies autóctonas como el ñandú cordillerano, cóndor andino, águila mora, halcón peregrino, puma, chinchillón y guanaco.
En el operativo, que según el secretario de Ambiente, Raúl Tello «se organizó porque había sospechas de la actividad de los empleados de la repartición», los policías encontraron a un grupo de ocho cazadores faenando a tres guanacos y un ñandú».
El grupo de cazadores furtivos tenía en su poder un rifle y un revolver calibre 22 con miras telescópicas y se movilizaban en una camioneta de la Secretaria de Ambiente.
Según Tello, «entre los cazadores estaba el agente de la repartición, Cristian Javier Riveros, que estaba haciendo todo lo contrario a su función y el encargado contratado por los dueños de la reserva, Gustavo Albarracín» que quedaron detenidos con sus compañeros de aventura.
El caso quedó en manos de la justicia de Flagrancia, mientras que en la repartición «se inició un sumario donde hemos pedido la máxima sanción para nuestra oveja descarriada», dijo el funcionario.
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