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San Lorenzo: le secuestran el auto a un padre deudor de la cuota alimentaria

El juez Marcelo Escola ordenó el secuestro del vehículo tras comprobar que el hombre no pagaba desde diciembre de 2021. La madre de los menores podrá usar el auto para garantizar el interés de sus hijos

En un fallo ejemplar emitido por el Juzgado de Familia de San Lorenzo, el juez Marcelo Escola ordenó el secuestro del auto de un padre que incumplía con el pago de la cuota alimentaria pactada desde diciembre de 2021. La resolución se dictó tras una demanda autosatisfactiva presentada por la madre de los menores, con el patrocinio de los abogados Nicolás Benítez, María Fernanda Cámpora y Luciano Pinelli.

Según detalló el periodista Alberto Furfari en su cobertura para Versión Rosario, la mujer recurrió a la justicia luego de más de dos años sin recibir un solo pago, pese a que el hombre fue intimado y se le había fijado una cuota provisoria por orden judicial.

El demandado alegó estar sin trabajo, pero la denunciante aportó pruebas que demostraban lo contrario: el hombre mantiene un automóvil, paga membresías en un club privado, alquila un departamento y percibe ingresos por el alquiler de un inmueble heredado. Todos esos elementos fueron tenidos en cuenta por el juez al momento de tomar la decisión.

El interés superior del niño, por encima de todo

En la presentación judicial, se invocó el principio del interés superior del niño, citado como eje rector para las medidas tomadas por los órganos judiciales y administrativos. Con esa base, se solicitó el secuestro inmediato del vehículo, un Fiat Sedán que ni siquiera estaba a nombre del hombre: nunca terminó el trámite de inscripción, y la parte vendedora debió presentar la denuncia de venta en junio de 2019.

El juez dio lugar al planteo y autorizó a la madre a circular con el vehículo, garantizando de esa forma una herramienta concreta para la movilidad y cuidado de los hijos menores.

La causa representa un caso más dentro del creciente número de denuncias por incumplimiento de deberes alimentarios en toda la región. La justicia empieza a aplicar medidas más contundentes para hacer valer los derechos de los niños, incluso frente a excusas económicas difíciles de justificar.

 

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