El juez Villafuerte Ruzo dio lugar a una medida cautelar para la protección ambiental. Ordenó que el municipio elimine "conexiones ilegales" y acondicione las plantas de tratamiento. La Fiscalía pidió que el intendente Manuel Passaglia y dos funcionarios sean indagados
El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo otorgó una medida cautelar para la protección ambiental por el vuelco de efluentes cloacales e industriales “en crudo” al río Paraná. El fallo ordena que se eliminen las “conexiones ilegales” de vertido de líquidos residuales y se acondicionen las plantas de tratamiento que se encuentran “en mal estado de conservación y mantenimiento” y operan sin los permisos ambientales en la ciudad bonaerense.
Hace dos semanas, el fiscal federal Matías Felipe Di Lello había solicitado la medida cautelar en el marco de una investigación que en 2020 inició la asociación civil Foro Medio Ambiente (Fomea) junto a un grupo de vecinos de San Nicolás patrocinados por los abogados Fabián Maggi y Carlos Arturo Turati.
Durante la pesquisa se detectaron “conexiones ilegales” en los desagües, descriptas como “bypass”, por desviar los líquidos residuales para eludir su tratamiento y volcarlos en crudo al río Paraná.
Ante ello, el juez federal Villafuerte Ruzo exige en la medida cautelar que esos tubos se desconecten “de forma inmediata” y también que se determine la procedencia de los dos conductos municipales detectados en cercanías de la Central Térmica AES, que también ordenó bloquear.
La medida contempla además que se dé intervención a los organismos estatales que poseen una “obligación funcional” con las cuestiones investigadas como son el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.
Todo ello a los fines de que “se constituyan en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de zona Sur y Norte de esta ciudad, efectúen una inspección integral a efectos de constatar el estado actual de las mismas”, especifica el documento.
A su vez, impone el plazo de 30 días hábiles para que presenten los correspondientes informes técnicos, “señalando cuáles serían las medidas estructurales que se deberían realizar para que las mismas operen correctamente de conformidad con los lineamientos establecidos por la ley de Política Ambiental Nacional Nro. 25.675”.
En la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás también se solicitó que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti y el presidente del Ente del Agua local, Federico Nicolás Agudo, sean indagados bajo la presunción de ser coautores de los delitos de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar el río Paraná con vertidos cloacales y el de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El pedido de indagatoria, solicitado por el fiscal Di Lello, está basado principalmente en que considera que “existen elementos de prueba suficientes para sospechar, que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal”.
Según informó el abogado de Fomea, Fabián Maggi, el intendente y varios funcionarios estaban al tanto del daño causado porque “fue el propio Municipio el que le encargó a la Universidad Nacional del Litoral en 2017 una evaluación ambiental del Parque Rafael de Aguiar. En esa evaluación se tomaron muestras que detectaron niveles escandalosos de contaminación con efluentes cloacales”.
Según el abogado, pese a haber sido alertados sobre la problemática no hicieron nada para solucionarlo. “Lo más aberrante es que pagaron una fortuna par hacer ese estudio que pretendieron que tenga carácter confidencial con la firma de un acuerdo que luego se filtró”, mencionó.
La problemática de contaminación ambiental por vertidos ilegales de residuos considerados “peligrosos” al río Paraná llegó al Concejo Deliberante de San Nicolás, pero los concejales rechazaron su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo que responde al intendente Manuel Passaglia cuenta con una amplia mayoría.
“En los últimos días hemos reclamado al Concejo que le de tratamiento a la cuestión y convoque a una sesión a las ONG que trabajamos en estos temas para explicarle a la ciudadanía cuál es el grave escenario de contaminación y cuál es la solución que proponemos”, señaló el abogado Fabián Maggi.
“Lamentablemente en la última sesión se votó en contra de que se nos permita hablar y creemos que es una falta absoluta de responsabilidad de los ediles intervinientes”, remarcó Maggi y en ese sentido, que “los políticos locales privilegian cuestiones electorales por sobre la salud pública de los ciudadanos”.
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