San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos

El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó al titular del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, la elevación a juicio de la investigación seguida contra diez personas por lavado de activos agravado. Así, la organización ilícita -que habría operado entre marzo de 2012 y abril de 2016 -habría introducido en el mercado formal U$S 5.365.546, que fueron adquiridos mediante operaciones de compra de divisas -ilegales por infringir la normativa cambiaria- derivadas de supuestas operaciones de importación realizadas por dos empresas creadas al efecto y que fueron transferidas a cuentas en el exterior, entre junio y diciembre de 2013.

El pedido alcanza al contador Juan Carlos Ariel Inés, el abogado Eduardo De Felipe, a Edgardo Jesús Saltal y Luis Cesar Agüero -presidentes de las firmas SD Montajes y Wismares S.A., respectivamente-, Guillermo Esteban Di Giacinti y Walter Edén Azzaretti -miembros de esas empresas-. También se imputó a los gerentes de las sucursales San Nicolás de los bancos Galicia y de Buenos Aires S.A. y Santander Río, Alejandro Caputto y Carlos Cristian Seganfreddo, y los oficiales de clientes empresas de esas entidades bancarias, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso.

La investigación se inició, en abril de 2016, tras la denuncia del jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva (DGI), que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En dicha oportunidad, el funcionario señaló que de las fiscalizaciones administrativas efectuadas sobre sobre las firmas SD Montajes S.A. y Wismares S.A. se detectó la existencia de una organización criminal dedicada a la utilización de personas jurídicas sin actividad real o con actividades que no coincidían con su capacidad operativa, para canalizar fondos cuyo origen no podía justificarse.

Así, se determinó que en las cuentas bancarias de esas empresas -que no estaban inscriptas como exportadoras o importadoras- se acreditó, entre junio y diciembre de 2013 -periodo inmediato posterior a su constitución- dinero en concepto de cancelación de operaciones comerciales, cuya veracidad no pudo ser justificada. Esos fondos fueron luego utilizados para la adquisición de moneda extranjera en el mercado oficial, que posteriormente era girada a cuentas bancarias radicadas en el exterior, en concepto de operaciones de importación de servicios inexistentes.

Para esta operatoria, la organización orquestada por Inés y De Felipe, con el aporte de Saltal, Agüero, Di Giacinto y Azzaretti -quienes presidian y/o integraban las firmas a través de las que se ejecutaban las maniobras- presentaba documentación apócrifa ante las sucursales nicoleñas del Banco Santander Río y del Banco Galicia, cuyos gerentes -Seganfreddo y Caputto- sus oficiales de cuentas empresariales -Grasso y Di Carlo- omitían verificar.

Y es que los empleados bancarios cuestionarios “no obraron conforme las obligaciones impuestas por la normativa de procedimiento interno para la prevención y detección de lavado de activos de ambas entidades” e infringieron sus protocolos de actuación.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, el fiscal Di Lello solicitó la elevación a juicio de la investigación al concluir que “la organización delictiva no sólo lograba ‘blanquear´ dinero de origen espurio, sino que asimismo lograba eludir los obstáculos legales impuestos por el Banco Central de la República Argentina para la compra de divisas a la fecha de los hechos denunciados, en violación al régimen penal cambiario”.

Así, pidió que Inés, Di Giacinti y De Felipe respondan como coautores del delito de lavado de activos agravado por integrar una asociación ilícita destinada a cometer hechos de esta naturaleza, al tiempo que Saltal, Agüero, Azzaretti, Caputto, Di Carlo, Seganfreddo y Grasso deberán hacerlo como partícipes necesarios del mismo delito.

De acuerdo al requerimiento de la fiscalía, la conducta reprochada “consistió en la transferencia a cuentas bancarias radicadas en el extranjero, so pretexto de cancelación de operaciones de importación inexistentes, respaldadas en documentación apócrifa, de la suma de US$5.365.546, logrando de esta manera insertar en el circuito económico formal bienes que fueran el producto directo del delito subyacente -infracción cambiaria-, logrando de esa manera que adquieran apariencia de procedencia lícita”.

El representante del Ministerio Público Fiscal también consideró que “el giro de dinero espurio al exterior se dio gradualmente, habiéndose exteriorizado a través de sucesivas transferencias, efectuadas en forma paulatina a lo largo de un período de aproximadamente seis meses comprendido entre los meses de junio y diciembre de 2013, con la finalidad de fraccionar los montos a girar al exterior”.

“En la presente maniobra los autores se valieron de un conjunto de personas con quienes mantenían una relación de confianza para que llevaran adelante conjuntamente con ellos las maniobras que conforman el diseño de blanqueo”, indicó el fiscal.