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Santa Fe: Diputados convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal Juvenil

Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil. Fuertes críticas del PJ, del Frente Social y Popular y el Socialismo

Según la iniciativa aprobada, desaparecerán los juzgados de menores y las investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales. La medida busca regular el proceso penal para personas que, al momento de la comisión del hecho calificado como delito, tengan menos de 18 años de edad y que, conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. El proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques menos del PJ, el PS y el Frente Social y Popular.

“Es un proyecto que va a ser sumamente importante para la justicia juvenil. El avance de los delitos cometidos por menores es importantísimo, para llenar un vacío que tenía la justicia de Santa Fe”, había destacado la semana pasada el senador Raúl Gramajo.

“La justicia de menores en Santa Fe no da para más. El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia”, había añadido el senador Lisandro Enrico.

En la misma dirección, Enrico había advertido que “no podemos modificar la edad de imputabilidad porque es ley nacional. Lo que podemos regular las provincias es el procedimiento para cuando un menor comete un delito” y aseguró que “hoy hay una justicia de menores que no funciona, hay mucha impunidad y por eso proponemos un sistema nuevo”.

Enrico había explicado que el nuevo código “pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Además, se le dará una gran participación en el proceso a las víctimas para que sea tenida en cuenta por la justicia”. En cuanto a los menores inimputables, el senador explicó que “establecimos un tratamiento para esos casos. No puede ser que no pase nada. Tienen que tener tratamiento porque crecen los delitos cometidos por menores no punibles”.

Venta de humo

«Lo que se votó pasa todo a las fiscalías, deja de lado a todos los defensores de menores. Cuando se implemente, no va a haber un solo defensor especializado en materia juvenil”. La descripción corre por cuenta de la diputada provincial peronista Matilde Bruera, quien se opuso a la normativa.

“Me opongo al nuevo código procesal penal juvenil porque a los menores de 18 se los puede ya penalizar, hay una ley nacional que ya dice que los menores son punibles de 16 a 18 años pueden ser penalizados. Eso no lo puede modificar la legislatura de Santa Fe porque es una ley del Congreso Nacional”, afirmó Bruera en declaraciones a LT8.

Enfatizó la legisladora: “Tenemos convenciones de Derechos Humanos que ya están vigentes.  Como diputada voté en contra con mucho dolor, hay que hacer un procedimiento penal juvenil con los estándares vigentes. Este código es un retroceso, se rompe el principio de especialidad, lo que se votó ayer pasa todo a las fiscalías, deja de lado a todos los defensores de menores. Cuando se implemente no va a haber un defensor especializado en materia juvenil”.

En esa línea, Bruera, ex defensora federal, precisó: “El código admite la prisión preventiva para los menores que está prohibida, sólo puede ser de manera excepcional por plazos cortos. Esto abre la puerta para alojarlo con los adultos. Para los menores de 16 años, si bien no los puede perseguir penalmente, se establece un procedimiento penal para acusarlos y sobreseerlos. Qué cambia en materia de seguridad, nada. El proyecto es tan vergonzoso que no hubo medio informante. Se avanza en un proceso penal y si el menor lo pide puede ser absuelto”. Y luego añadió  ”Lo que esconde este proyecto es una venta de humo para hacerle creer a la sociedad que se está aplicando mano dura. Esto va a impedir una justicia seria en materia juvenil y no tiene en cuenta las estadísticas”.

Por último, subrayó la diputada justicialista: “Se establece que a los menores les hagan un procedimiento penal para acusarlos y sobreseerlos. Es una forma de criminalizar. Este proyecto es un engendro, va a generar amparos y declaraciones de inconstitucionalidad. Es un escándalo institucional”.

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