Región

Santa Fe implementará evaluaciones socioambientales para aspirantes y efectivos policiales

La medida, anunciada por el Ministerio de Seguridad, busca garantizar que los miembros de la institución cumplan con estándares éticos y de respeto a los derechos humanos

La provincia de Santa Fe introducirá un nuevo protocolo de evaluaciones socioambientales para los postulantes a ingresar a la fuerza policial, así como para los agentes en actividad. La medida, anunciada por el Ministerio de Seguridad, busca garantizar que los miembros de la institución cumplan con estándares éticos y de respeto a los derechos humanos.

Según fuentes oficiales, estas inspecciones analizarán aspectos como conductas discriminatorias, antecedentes en violencia de género y vínculos con grupos delictivos, entre otros factores. El objetivo es fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en la policía.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, que incluye capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos. Las autoridades aseguran que el proceso será riguroso y estará a cargo de especialistas en evaluación psicológica y social.

Aunque no se especificaron fechas exactas, se espera que las primeras revisiones comiencen en los próximos meses, tanto en el ingreso como en la permanencia de los efectivos.

El incidente que impulsó las evaluaciones socioambientales

El anuncio de las nuevas inspecciones policiales tuvo como detonante un escándalo que involucra a una suboficial de 21 años, actualmente suspendida y bajo investigación. La agente, oriunda de Rosario, fue arrestada este lunes cuando visitaba a su pareja en la cárcel de Piñero, un interno acusado de participar en el ataque a balazos contra un colectivo en septiembre de 2024.

Además, trascendió que un hermano de la policía será imputado en los próximos días por su presunta vinculación con otro ataque armado, ocurrido a principios de mayo contra la vivienda de Norma Acosta, también en Rosario.

La agente, que se encontraba en licencia por maternidad, tuvo un hijo con el detenido hace cinco meses. Según la investigación, habría filtrado información confidencial sobre el sistema de videovigilancia del 911, datos que su pareja habría utilizado para planificar los ataques.

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