El Servicio Público de la Defensa Penal a través de su defensora general Estrella Moreno Robinson y en el defensor regional Martín Riccardi junto los defensores públicos de Rosario presentaron notas ante la Legislatura a raíz del paquete de leyes que envió el gobernador Maxililiano Pullaro a la Legislatura.
Entre ellas se encuentra una reforma parcial la ley 13.014 que regula el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDPS), lo que generó enorme preocupación en el organismo. Entienden que en caso de aprobarse esta propuesta se producirá un fuerte debilitamiento del organismo que no solo afecta en al caudal de defensores, que disminuiría prácticamente a la mitad, sino que producirá una desjerarquización de los funcionarios, especialmente de los defensores adjuntos e incluirá la creación de un sistema de privatización tercerizando las funciones públicas que no deja en claro cómo se implementará, a quién está dirigido y cómo se pagarán los honorarios, contaron.
Desde el Servicio Público comparten la visión de la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Justicia Penal e instan al diálogo entre las instituciones, especialmente cuando se trata de reformas profundas como esta, a lo que agregaron que están abiertos al diálogo y a avanzar en reformas conjuntas.
Paquete de leyes
El proyecto fue presentado el 14 de diciembre por el Ejecutivo provincial junto a un paquete de leyes, algunas de las cuales fueron aprobadas el jueves pasado, entre ellas la adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, la emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario, la ley orgánica del Servicio Penitenciario y la regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas.
Moreno Robinson refirió en la nota que lleva su rúbrica y mandó a la Cámara de Diputados que el sistema acusatorio adversarial, que entró en vigencia con la reforma del código de procedimiento penal provincial en 2014, implica que los órganos encargados de ejercer las funciones de acusar y de defender deben estar equiparados en diseño y fortaleza, ser autónomos y sólidos.
Las leyes 13.013 y 13.014 que regulan el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Servicio Público de la Defensa (SPDPS), tuvieron un amplio consenso para su aprobación, dijo y agregó que estos proyectos de ley, uno de los cuales afecta directamente al SPDPS son tratados en sesiones extraordinarias quebrando el sistema actual, proponiendo un órgano acusador fuerte frente a una Defensa Pública débil.
Refirió que del total de causas que ingresan al Sistema de Justicia Penal, entre el 75% y el 90% cuentan con asistencia de una Defensora o un Defensor Público, dependiendo este porcentaje de la realidad económica y social de las distintas localidades, entre otros factores. A lo que sumó que en la fase de ejecución de la pena, las personas condenadas dejan de tener asistencia privada.
A lo que sumó que el proyecto implica la reducción de cargos, la desjerarquización e implementación de un sistema de tercerización o privatización de la defensa penal donde reinan las dudas sobre cómo se implementará, quiénes son los destinatarios y cómo se afrontará el pago de los honorarios profesionales.
En el mismo sentido se expresaron los integrantes de la defensa pública local con Riccardi a la cabeza quienes solicitó una reunión.
El texto refiere que el 90 por ciento de los usuarios del servicio no cuentan con capacidad económica para pagar honorarios y se propone la privatización del derecho de defensa tercerizando funciones que son públicas, explicaron.
Refirieron que no están en desacuerdo en un sistema de prestadores para aquellos que pueden afrontar el pago de honorarios con el fin de descomprimir el caudal diario de trabajo y garantizar un servicio eficiente, pero les preocupa la forma en la que se reglamentará esa tercerización, explicaron.
A lo que sumaron que el proyecto no da una explicación razonable a la disminución de casi dos tercios de la estructura de defensores públicos que desde su inicio cuenta prácticamente con el mismo número de defensores. Lo que entienden como una evidente disminución de las herramientas y capacidades del Servicio Público. Si bien apoyan la intención de mejorar los índices de inseguridad, ello no debe disminuir las capacidades de la defensa pública, dijeron.
La reforma implicaría la disminución de prácticamente la mitad del cuerpo de defensores de la provincia, de 78 a 42 defensores, dice la nota, y agregaron que en Rosario quedarían 21 defensores además de las vacantes que actualmente no fueron cubiertas, explicaron.
Pedido
Los defensores pidieron que se mantenga y se cubran los cargos existentes y se establezca una igualdad entre el sistema de carrera del MPA e igual carga presupuestaria.
Entienden que disminuir la defensa pública, reducir cargos y destratar presupuestariamente al 75 por ciento de sus integrantes “es alterar la igualdad de armas y acallar la única institución que puede poner frenos a los eventuales abusos judiciales e institucionales”, dice el escrito.
Asociación de Fiscales
En el mismo sentido se expresó la Asociación de Fiscales de Santa Fe quien en un comunicado dijo que las propuestas enviadas al Legislativo suponen una modificación de aspectos fundamentales del sistema de justicia penal y tendrán repercusión en la resolución de conflicto, derechos de las víctimas y garantías ciudadanas por lo que merecen un estudio profundo y meditado que aseguró que los cambios favorezcan la eficacia y conductas hacia un mejore el servicio de justicia.
Entienden que la reforma debe hacerse “en forma articulada y participativa entre todos los actores del sistema de justicia” y agregaron que solo los consensos sociales pueden asegurar que las modificaciones sobre cómo los proceso penales, que impactan sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadano, van a ser llevados adelante. La premura, la celeridad del trámite parlamentario no garantizan la participación genuina de la comunidad.
Y pidieron al Poder Ejecutivo y Legislativo que las reformas propuestas sean el resultado de un genuino diálogo democrático con participación activa de todos los operadores del sistema de justicia penal.
Magistrados
El Colegio de Magistrados consideró «positiva la promoción de medidas que tiendan a mejorar el servicio de justicia», pero advirtió que reformas significativas tanto en el fuero penal como en todo el sistema de justicia «merecen un marco de debate y reflexión acorde al impacto que dichas medidas pueden ocasionar». Por ello, los jueces consideraron necesario «generar una discusión seria y que permita la real y efectiva participación de todos los actores y operadores alcanzados por las citadas reformas».
Alertaron, asimismo, que «la velocidad del trámite parlamentario no es indicador de prontas respuestas a las demandas de la población; por el contrario –sostuvieron- para mejorar el servicio de justicia se requiere un amplio consenso de los actores intervinientes». «En un sistema democrático –manifestaron- no debe perderse de vista que las únicas normas de acción legítima son aquellas que surgen de un proceso deliberativo donde esté asegurada la participación de todos aquellos que resulten alcanzados por las decisiones que se pretenden adoptar». Aclararon, por último, que «no se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que conllevan altos costos institucionales y resultados no esperados (…). Ninguna reforma judicial puede ser exitosa, si no parte de un marco de respeto a la independencia judicial como exigencia ineludible del sistema republicano de gobierno», concluyeron.