Un empresario de la provincia de Santa Fe se enfrenta desde hace semanas a una cruzada con Vialidad Nacional luego de haber reparado por sus propios medios parte de la colectora que lleva a la entrada de su hotel en la localidad de Funes. Tras realizar la obra, el organismo nacional lo intimó para que retire el arreglo sobre la autopista Rosario-Córdoba y “restituya el sector a su estado original” por supuestas irregularidades en la intervención.
Ante esta situación, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, cuestionó con dureza el accionar del organismo federal, al que calificó como una estructura «desfinanciada» que no cumple con sus tareas básicas pero que obstaculiza las soluciones que intentan aportar los particulares y la provincia.
Torres aclaró de inicio que cualquier intervención en una traza pública debe respetar la ley y contar con autorización previa. Sin embargo, utilizó un antecedente reciente para graficar la «paradoja» con la que tropiezan los gobiernos locales ante la inacción del Estado nacional.
«Los vecinos y el intendente de Ibarlucea pidieron un semáforo sobre la ruta nacional 34 por una cuestión de seguridad. Vialidad Nacional respondió oficialmente que no tenía presupuesto para colocarlo», relató el funcionario. Ante la urgencia, la APSV financió la compra y el montaje del dispositivo.
La respuesta de Nación tras la obra generó indignación en la provincia: «Ahora Vialidad dice que el semáforo no está autorizado y que hay que completar un montón de formularios. El aparato está colocado y funcionando de manera intermitente, y los vecinos están que trinan porque solo quieren prevenir siniestros viales», criticó Torres, quien consideró que los abogados del organismo federal «deben tener más trabajo que los operarios».
Para el titular de la APSV, Vialidad Nacional busca «protagonismo» a través de intimaciones legales y cartas documento para encubrir su falta de injerencia real en las rutas. El secretario recordó que el organismo desoyó incluso fallos de la Justicia: «Hubo amparos judiciales que los obligaron a arreglar trazas y esas mejoras no se ven en ningún lado. Tienen una deuda enorme con los santafesinos, que arriesgamos la vida arriba de rutas nacionales que están destrozadas».
Al ser consultado sobre el trasfondo de este abandono de las rutas nacionales, Torres fue tajante: «Evidentemente el Gobierno nacional apunta a privatizar y concesionar las rutas, ya están avanzando en ese sentido. Pero mientras tanto siguen pasando estas cosas y se sigue muriendo la gente».
El estado de las Colectoras en Santo Tomé
Por otra parte, Torres diferenció la situación de las rutas nacionales del trabajo que viene realizando la gestión provincial en las trazas bajo su órbita, como la autopista Rosario-Santa Fe.
Respecto al marcado deterioro que presentan las bajadas y colectoras que conectan la autopista con los clubes de campo de la zona (como CRAI, El Paso y La Tatenguita) y los barrios de Santo Tomé, el funcionario aclaró que el mantenimiento de ese sector le corresponde a la Dirección Provincial de Vialidad.
«Es una zona con un movimiento impresionante, sobre todo los fines de semana por los torneos deportivos y el crecimiento inmobiliario. Si bien no puedo precisar si la obra está programada para la próxima etapa inmediata, el Gobierno provincial va para adelante y seguramente va a tomar este requerimiento para corregirlo, ya que para los municipios son inversiones muy costosas», afirmó.
Finalmente, Torres destacó que actualmente se están ejecutando obras de repavimentación desde el kilómetro 120 hacia la capital provincial, por lo que las cuadrillas se encuentran trabajando muy cerca de los accesos postergados.
