El 29 de abril de 2003 un tercio de la capital provincial quedó bajo las aguas del río Salado. Hubo 158 víctimas fatales y ningún plan de evacuación. El principal responsable político, Carlos Reutemann, falleció sin siquiera ser imputado. El movimiento de inundados sigue reclamando memoria y justicia.
Cada 29 de abril la memoria de la ciudad de Santa Fe se puebla de canoas, de perros en los techos, de un río que avanza frío y amenazante. Vuelve a pasar por el cuerpo la desesperación de no saber adónde ir con el agua en la cintura, la falta de información, lo rápido que ocurrió todo. El 29 de abril de 2003 el río Salado desbordó y dejó un tercio de la capital provincial bajo agua. El gobernador Carlos Reutemann sabía la magnitud del desastre aunque siempre lo negó: diversos relevamientos de la Universidad Nacional del Litoral ya habían dado aviso. El intendente, Marcelo Álvarez, dijo por la radio que la zona sudoeste de la ciudad “no tendría problemas con el agua”. La gente creyó y se quedó en su casa. Del total de 158 víctimas fatales, según el relevamiento que hizo la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, las muertes por ahogamiento se concentran en esa zona.
Otro aspecto marca la responsabilidad estatal. La obra de defensa no estaba cerrada. Había sido inaugurada en 1997 como una obra finalizada, pero tenía una apertura por donde el agua entró caudalosa, imparable, a la ciudad. Cuando se cortó la cinta de esa obra, Horacio Rosatti —el actual juez de la Corte Suprema Nacional— era intendente de Santa Fe. Entre 1997 y 2003, nunca concluyeron ese tramo abierto. Ni siquiera lo cerraron de forma provisoria —como se preveía en el plan de obras— ante las alertas sobre las copiosas lluvias que se registraron en toda la primavera de 2002 y en el verano de 2003.
A 23 años, organizaciones sociales de la ciudad volvieron a movilizarse para reclamar justicia y memoria. La marcha, que inició en la Plaza del Soldado, culminó en la Plaza 25 de Mayo, frente a los Tribunales y la Casa Gris.
Liliana Pinto guarda en su cartera la imagen de Omar “Chuleta” Paolini. En la foto se lo ve con su carrito de ciruja. Vivía en el barrio Arenales, en los fondos del oeste de la ciudad. Ella lo recuerda amorosamente, como el suegro que le enseñó a sus hijos a ser buenas personas. Además del vínculo familiar, eran vecinos.
El 29 de abril, mientras preparaban el almuerzo, notaron que por el piso comenzó a filtrarse agua. Liliana y su esposo se alarmaron: no sabían de dónde venía el agua. Empezaron a juntar algunas cosas y las llevaron a un segundo piso. Paolini pasó por la casa y avisó que iba a comer en la suya: “Me dijo que me quede tranquila, que el intendente había dicho por la radio que el barrio Arenales no iba a tener problemas”. Y se fue a su casa.
Pinto recuerda una ola y el agua subiendo rápidamente a la altura de un metro. “Quisimos buscarlo, pero el agua hacía remolinos y no podíamos pasar”, recuerda.
Paolini, Chuleta, el suegro, el padre, el abuelo cariñoso y consejero, quedó atrapado en su casa. Lo rescató la Prefectura ya fallecido, ahogado. Pinto lleva su foto y pide justicia. Su nombre no figura entre las víctimas que reconoció formalmente la provincia.
Para la mujer, cada 29 de abril es como el primer día: “Porque no se hizo nada hasta hoy”.
Como cada año, la Marcha de las Antorchas leyó el listado de las 158 víctimas fallecidas en la inundación. El Estado solo reconoció 23 muertes. Luego de leer los nombres, Graciela García, integrante de la Marcha de las Antorchas, expresó: “No son solamente nombres y apellidos. Son hombres, mujeres, niños que fueron vecinos nuestros con historia, con familia, a los que Reutemann, Obeid y toda la comitiva ignoraron, que eran 23. Como si 23 personas no fueran nada”.
Agregó: “Los inundados para ellos, aún para hoy, porque quisiera saber qué piensa Rosatti de todo esto, somos los “nadie”. Somos nada”. Y destacó la voluntad del movimiento de inundados de sostener la memoria en la Plaza por más de dos décadas. Valoró “la actitud de todos los que estamos acá, que venimos de diferentes barrios para levantar el grito de justicia porque nos deben aún la justicia”.
Finalmente sentenció: “No olviden que todavía estamos acá, que todavía estamos de pie Aunque nos hubieran querido ver arrastrando, no lo consiguieron”.
María Claudia “la Negra” Albornoz es vecina de barrio Chalet, uno de los afectados por la inundación. También es referente de La Poderosa a nivel nacional. Desde el escenario, reflexionó sobre la importancia de conocer cada barrio, el lugar dónde vivimos y los riesgos que hay, por ejemplo, cada vez que llueve en una ciudad que se inunda seguido.
“Los gobiernos deberían programar, deberían pensar qué le pasa a la ciudad. Pero no piensan en eso, piensan en el poder. Ahí tenemos un gran problema porque suben, asumen como gobernadores o como intendentes y lo único que piensan es en las próximas elecciones para seguir en el poder. Se olvidan de la gente”, cuestionó.
Ante ese panorama, convocó al poder popular y comunitario. “Nosotros tenemos un poder que es diferente, que el poder popular, que es el que vamos construyendo en esta plaza, que es el que construimos con las organizaciones, con las vecinas y los vecinos en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe”. Y marcó que allí está la clave para informarse, contarle al vecino o vecina lo que pasa cuando llueve y, además, exigir a los gobiernos que no gestionen solo para un sector de la ciudad.
“Cuando el gobierno provincial junto a la Municipalidad anuncia un puente sobre la Laguna Setúbal para que la gente camine o ande en bicicleta y no hace los desagües para los barrios del oeste, sabemos que están gobernando para un sector de la ciudad de Santa Fe”, graficó.
En una tarde atravesada por la memoria, también hizo referencia al reciente fallecimiento de Lila, la hija de Celeste Lepratti. “Celeste falleció y nos dejó un enorme dolor: era realmente inquebrantable. Lila era muy chiquitita, pero estuvo también en esta plaza acompañando a las inundadas y a los inundados. Lila que realmente era una mariposa y hoy seguramente nos están acompañando”.
A 23 años de aquel 29 de abril señala que se cerró una etapa, en alusión a la finalización de la causa civil en la que se presentó junto a su familia y en la que ganaron el juicio. Lo deplorable es que la provincia no se hace cargo de todos aquellos santafesinos que lo perdieron todo”, considera. Y recuerda que el Ente de la Reconstrucción, creado por Carlos Reutemann para pagar a la ciudadanía afectada “fue una estafa”. En ese entonces, las 130.000 familias inundadas recibieron cifras que rondaban los 4.000 pesos para reconstruir sus viviendas. Pero para acceder, debían firmar que no harían posteriormente juicio a
la provincia por lo ocurrido.
Finalizada la etapa judicial en el ámbito civil, Castro valora: “Hemos dejado sentado por primera vez que una provincia en Argentina es condenada por la violación de los derechos ciudadanos en cuanto a que esto no pasó porque el río se desbocó. Esto fue producto de que hicieron una obra mal”. La familia Castro fue actora civil en la causa, que culminó el 26 de marzo pasado con una sentencia favorable a los denunciantes.
En lo penal, solo dos funcionarios provinciales fueron condenados a tres años de prisión por estrago culposo: Edgardo Berli y Ricardo Fratti. Berli, ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Reutemann, falleció en 2021. Fratti, director de Obras Hidráulicas, apeló su sentencia y la Corte Suprema de Santa Fe dejó sin efecto ambas condenas en 2024 por considerar que la causa estaba prescripta.
“Fratti fue el que marcó el mapa, ese mismo 29 de abril, a Reutemann. Él sabía perfectamente por dónde iba a entrar el agua, hasta dónde iba a llegar y no nos dieron la voz de alerta”, recuerda Claudia Albornoz.
Tras el acto, Albornoz expresó a El Ciudadano que, a 23 años, siente el acompañamiento de mucha gente. También observa el reconocimiento hacia la lucha del movimiento de inundados. Durante estos años, ella y otras personas sostuvieron la Carpa Negra que se armó en varias oportunidades frente a la Casa de Gobierno en reclamo de justicia.
Casi dos décadas después, valora: “Estamos más grandes, algunos estamos viejitos y lo que necesitamos es que la juventud empiece a levantar las banderas. Me parece que hicimos bastante pedagogía durante estos años y que necesitamos que los más jóvenes, las más jóvenes puedan tomar la posta para que la impunidad no se selle en la provincia de Santa Fe. Y para que lo que nos pasó en ese 2003 no nos vuelva a pasar y no siga pasando mientras llueve”.
Agrega: “Vamos a seguir, pero queremos que los jóvenes empiecen a fortalecerse para luchar contra la impunidad de esta provincia que es muy profunda y a la que hay que sacarle la máscara. Nosotros sabemos que la juventud, que las pibas y los pibes tienen esa fuerza y lo van a lograr”.
En ese camino de pedagogía y seguir trabajando la memoria, se abrirá el Museo de la Inundación, que funcionará en el Centro Social y Cultural El Birri. Tendrá dos modalidades: una fija y otra itinerante. Castro explica que el objetivo es, primero, la verdad histórica. Pero también que sea un espacio abierto para defender los derechos ambientales: realizar charlas, sembrar conciencia. “Las luchas no se sostienen solamente con la verdad, hay que sembrar porque si no el olvido vuelve”, expresa.
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