Se acerca la sentencia por la Masacre del Pabellón Séptimo, durante la última dictadura: “El Servicio Penitenciario Federal no cambió casi nada”

A días de conocerse la sentencia del hecho falsamente difundido como “el motín de los colchones”, El Ciudadano habló con una de las personas que más investigó la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto. El caso también es conocido por la canción del Indio Solari, “Pabellón Séptimo – Relato de Horacio”.

Claudia Cesaroni es abogada, se especializa en Criminología, y en 2013 publicó una investigación sobre este hecho que enmarca entre las políticas criminales del Terrorismo de Estado que se aplicó en Argentina entre 1976 y 1983. 

Este miércoles 10 de diciembre el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado—, dictará sentencia. Es la primera vez que en esa jurisdicción se citó a un juez federal a declarar. En esta elevación no está imputado.

El juicio investigó las 65 muertes y los casos de 88 sobrevivientes. Hay tres imputados, integrantes del Servicio Penitenciario. La fiscalía solicitó penas de entre 22 y 25 años. La querella espera que los crímenes sean catalogados como de lesa humanidad.

—¿Cuándo fue la primera vez que se intentó juzgar este hecho?

—Cuando sucedió. Este hecho ocurrió el 14 de marzo de 1978. Ahí hubo una intervención judicial. intervino un juez federal, después hubo un conflicto de competencia y terminó en la justicia ordinaria de la Capital Federal.  

—De hecho hubo sobrevivientes que fueron vistos por el juez. 

—Muchos, muchos declararon ante el primer juez, Rivarola, que es muy conocido incluso en el mundo periodístico porque también intervino, y mal, en la masacre de los curas palotinos. Y hay un periodista, Eduardo Kimmel, que contó esta historia y ese juez lo querelló económicamente porque el periodista lo cuestionó. Es un caso que llegó al sistema interamericano y por el cual después se derogó la figura de desacato y de calumnias e injurias asociadas a investigaciones periodísticas. Entonces, el mismo juez Rivarola intervino, consolidó la idea de que ahí había habido un motín y no avanzó en ninguna investigación seria.

Por eso la causa quedó archivada desde el año 79, después se reabrió ya vuelta la democracia y volvió a archivarse. Siempre se archivaba con un discurso que yo defino como de teoría de los dos demonios: los presos dicen una cosa, los penitenciarios dicen otra. Pero el problema es que de un lado hubo 65 presos muertos violentamente y del lado de los penitenciarios no hubo ni siquiera un herido. La voz de los presos comunes —y todos ellos eran presos comunes— es una voz deslegitimada, no es creíble.

—¿Por qué? 

—Creo que ese es el gran problema socialmente, aún hoy. “Este tipo que es chorro, ladrón, violador, asesino”. La gente tiene un imaginario de que la mayoría de los presos son violadores, asesinos, y eso es falso, la mayoría está ahí más bien por delitos contra la propiedad. Pero como cometieron un delito su voz no es creíble, pareciera que lo que viene a contarnos es mentira porque es una persona que está fuera de la ley. Esto pasó en aquel momento y pasa ahora. Y además, este pensamiento considera que como cometió un delito merece sufrir. 

Hablar de esto es también discutir el lugar que tiene la cárcel en el presente, en general y en la provincia de Santa Fe. Cómo se construyen enemigos a los que prácticamente se plantea que no tienen derechos o que hay que mandarlos a una cárcel en el medio de la nada. Acá quieren poner una cárcel que además se llame “El infierno” y a nadie le parece un problema que se llame así.

—En tu libro aparece la cuestión de qué pasaba con las cárceles durante la dictadura, porque siempre hablamos de los presos políticos, pero las cárceles seguían existiendo. En algunos casos convivían presos comunes con presos políticos.

—Exactamente. En este caso en particular, había cerca de mil presas políticas. Es la cárcel de Devoto. Es muy interesante porque nosotras, nuestro equipo que somos todas mujeres, trajimos la voz de ellas también, que era la voz que no estaba en el expediente original. Si bien ellas estaban ahí a dos metros de donde pasó todo, al juez ni se le ocurrió citarlas a declarar y eran como mil. 

No había un servicio penitenciario federal para presos políticos y otro para presos comunes. Eran los mismos funcionarios. El jefe de seguridad interna les decía «Ustedes de aquí van a salir muertas o locas». El director les decía «Si fuera, por mí las mataría pero nos dijeron que no”. Ese mismo director y ese mismo jefe de seguridad interna es el que nosotras llevamos a juicio, son dos de los imputados. El mismo que ordenaba una represión brutal contra los presos comunes o que miraba cómo los presos salían del pabellón hechos mierda, asfixiados, quemados y los recontra cagaban a palos. Todos los sobrevivientes cuentan eso: el tipo parado mirando así como si fuera un espectáculo. 

Pretendemos que el tribunal diga que fue un delito de lesa humanidad. No estamos seguras de que eso suceda, porque es un debate jurídico. Nosotras planteamos que efectivamente lo es, no solo por el tenor de la represión, porque exterminaron 65 tipos, sino por el origen de esa situación

—¿Cómo fue?

—Hay un episodio la noche anterior, cuando un preso se niega a apagar la televisión. Estaban viendo tranquilamente una película y vino un celador nuevo, de malos modos, prepotente, autoritario y dijo: apaguen la televisión.

Un preso que estaba sentado ahí en un pabellón cerrado, con unas 150 personas y un solo televisor, respondió: “no me rompas las pelotas, estamos mirando la tele”. A ese tipo lo van a buscar a la madrugada. Yo siempre definí esto como un intento de secuestro porque ¿cuál es el domicilio del preso? La celda o el pabellón. Lo fue a buscar una patota de cuatro o cinco penitenciarios a las 3 de la mañana para decirle que le iban a labrar una sanción. Es como si en plena dictadura te tocara el timbre la policía y te dijera: «Venga, usted pasó un semáforo en rojo le venimos a hacer una multa». El tipo se niega a salir de nuevo porque sabe que le espera una cagada a palos o que lo metan en una celda de castigo por unos 30, 60 o 90 días. 

Nosotras construimos la idea de que a ese preso, Jorge Omar Tolosa, el Servicio Penitenciario Federal, que era parte de la estructura terrorista, lo construyó como un enemigo. Era, según testimonios, un preso bastante respetado y también respetuoso.

Esta situación fue el motivo de una requisa muy violenta la mañana del 14 de marzo. Esto es importante: los presos están acostumbrados a una cantidad de violencia. Está normalizada cierta violencia, entonces cuando la requisa llegaba ya sabían que tenían que dejar lo que estuvieran haciendo y correr al fondo con las manos atrás, calladitos la boca y saben los buscaban a uno por uno, los desnudaban. 

Pero ese día ingresó una mayor cantidad de integrantes del cuerpo de requisas, mucho más violento e insultando. 

A mí me impresiona lo que pasó, me parece de un enorme coraje, porque casi todos cuando vieron la violencia y cómo venía, se dieron vuelta y empezaron a correr a los de la requisas, porque además se dieron cuenta que se iban a llevar a Tolosa, lo venían a buscar a él. Hay un acto de solidaridad, de coraje, de defender al compañero y todo eso era intolerable en plena dictadura, sucediera en una cárcel o en un lugar de trabajo o en una escuela. 

Entonces, la requisa se fue. No hubo nadie lastimado ni hubo toma de rehenes ni intento de fuga, nada. Lo único que querían era que no les pegaran más. Algunos de los sobrevivientes en el juicio dijeron que pensaron que ahí se había terminado todo, que hubo uno, dos, tres, cuatro minutos de calma, de silencio. Y lo que pasó fue que se desencadenó una represión brutal. Pasaron a disparar, a tirar gases lacrimógenos desde afuera, sin sentido, o sea, gratuitamente, como castigo.

—Y hubo 65 muertos, es difícil que aleguen la idea de “exceso”

—El relato de los penitenciarios, que siempre los llamaron como testigos y no como imputados

—¿Están vivos todavía? 

—En juicio hay tres, ahora se llamará a indagatoria a otros tres. Son muy pocos quedan con vida. Pero el relato de ellos es “fuimos a hacer una requisa rutinaria y en lugar de correr al fondo como siempre, nos empezaron a atacar”. Una cosa ridícula, porque no tiene sentido, los presos no son locos. Y además no fue lo que pasó.

Algunos muchachos fueron quemados, otros fueron asfixiado. El Servicio no solo no apagó el fuego sino que impidió que los bomberos entraran, los bomberos llegaron avisados por la central de alarma y cuando llegaron le dijeron que no, que no podían entrar porque ya estaba todo resuelto.

¿Por qué hubo fuego? Por eso se llamó “motín de los colchones”: para que las balas y los gases no le llegaran, los presos pusieron colchones como para defenderse, como una barrera, pusieron las camas y los colchones para tratar de tapar las balas y las granadas. Esos colchones se prendieron fuego porque eran de goma espuma. Hubo ese hubo negro como el de Cromañón, que es muy peligroso. Es tremendo.

Los presos trataron de trepar a las ventanas, para respirar, pero caían entre los disparos y el humo que los terminaba de matar. Los que se salvaron fue porque algunos se desmayaron o los empujaron y quedaron en el piso. Abajo siempre queda más oxígeno que arriba y eso permitió que se salvaran algunos.

—La idea de declararlo delito de lesa humanidad tiene que ver con demostrar que el servicio penitenciario era un instrumento más del terrorismo de Estado

—Claro, si no es una represión más como ha pasado y como sigue pasando.  Desde antes del 24 de marzo del 76 se fueron generando un montón de normas, como los decretos de aniquilamiento dirigidas contra “la subversión” en Tucumán y luego en todo el país,. Desde febrero del 75 ya había todo un despliegue del aparato represivo.

Videla ya siendo comandante en jefe, pero antes del golpe, se fue dando todo un organigrama dentro del cual el Servicio Penitenciario Federal era parte. Ya con el golpe directamente el Servicio pasa a depender jurisdiccionalmente del Primer Cuerpo del Ejército, que es el que toma la Capital Federal y todo gran Buenos Aires.

Muchas presas políticas, que incluso testimoniaron en este juicio, cuentan muchas situaciones donde hay este cruce borroso entre la legalidad y la ilegalidad. Porque el Servicio Penitenciario Federal seguía recibiendo presos de la justicia ordinaria por robar o por lo que fuera y al mismo tiempo recibía detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 

—Porque además era una forma de “blanquear” detenidos-desaparecidos. Era totalmente parte del circuito.

—Exacto. No solo las recibía, varias contaron que, por ejemplo, aparecían patotas, como la patota de Feced de acá de Rosario o patotas del Tercer Cuerpo de Ejército que se aparecían en la cárcel de Devoto y que a ellas las llevaban a declarar ante los torturadores sin ningún juez.

—El servicio penitenciario es una de las patas donde hace foco la investigación pero también aparece la función de la justicia atravesada por el terrorismo de Estado

—Por eso desde el primer momento pedimos que se citaran a prestar declaración indagatoria a todos los jueces que intervinieron desde el principio. Recién logramos este año que Rafecas citara a Rivarola. Pero sólo conseguimos a él. Si bien en otros lugares del país ha habido juicios en los que incluso se ha condenado a jueces federales, como en Neuquén o en Mendoza o Laguna Paiva, en Comodoro Py no pasa. Es el primero. Al menos logramos que preste declaración indagatoria pero es el primero de la zona: imaginate que además está Campo de Mayo, ¡ESMA! 

—Es la primera elevación a juicio de esta causa, ¿cuántos casos incluye? 

—Hay tres imputados por los 65 muertos y 88 sobrevivientes. La figura por la que finalmente se los procesó y por la que acusamos es la figura de tormento seguido de muerte en 65 casos y tormentos agravados en 88 casos, todos los sobrevivientes.

A diferencia de otros juicios de lesa humanidad, nos pasa en esta causa algo que parece difícil de explicar pero que muchas sobrevivientes declararon así en la causa: la dictadura perseguía a militantes, entonces los que más padecían el terror dictatorial eran ellos pero estas presas políticas declararon que veían que los presos comunes eran mucho más vulnerables que ellas, porque ellas decían “nosotras sabíamos por qué nos hacían lo que nos hacían, teníamos organización, hacíamos trabajo político ahí dentro, afuera había organizaciones que nos respaldaban”. Y hay una cuestión de clase, la mayoría de los militantes políticos eran de clase media. En cambio los presos comunes eran todos como ahora, de clases más bajas y no tenían respaldo afuera ni unidad de organización. 

Ellas decían, por ejemplo, “a nosotras nos venía a ver aunque sea la Cruz Roja, Amnesty, al Estado le interesaba mantenernos vivas, no es que nos trataban entre algodones, pero les interesaba mantenernos vivas”.

Porque la cárcel de Devoto se transformó en una especie de “cárcel vidriera”, una cárcel para mostrar. Estábamos a un mes y medio del Mundial, había muchos periodistas y al año siguiente vino la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—¿Dijo algo sobre esta masacre el informe de la Comisión?

—No. No hay ni una mención a la masacre de Devoto. Es muy impresionante. No solo eso, sino que nunca fueron a visitar a los presos comunes. La voz de los presos no vale, ni siquiera vale para esos organismos. 

—¿Entre los fallecidos ese 14 de marzo no hay ningún desaparecido? 

—Ninguno fue desaparecido. Hay autopsias, hay certificados de defunción, hay un álbum que conseguimos a través de un exdirector de Servicios Penitenciarios con fotos de los cadáveres, pero solo de 50.

Convocamos a un médico forense como testigo y dijo que esas autopsias hoy no servirían porque están mal hechas, falta información. Por ejemplo, en ninguna autopsia surge que nadie tenga una herida de bala. Sin embargo, hay un montón de heridos sobrevivientes con disparos, que están en el expediente. Es muy raro que haya sobrevivientes heridos de bala y que ninguno de los 65 muertos tenga un disparo de bala. Todos tienen la misma hora de muerte.

El personal penitenciario es muy burócrata entonces hay informes, documentos, actas. Pero pusieron que la requisa fue de rutina y que fue a las 8:15 y a su vez casi todas las autopsias tienen como hora de muerte 8:20. ¿Cómo pasó eso en cinco minutos?

Esas cosas nos hacen desconfiar mucho de las autopsias. El cuerpo médico forense también está señalado, como parte de todo el entramado de complicidad con el terrorismo de Estado.

—¿En esta causa se repite esta idea del pacto de silencio que tienen los represores? 

—El pacto de silencio tiene más que ver con dónde están los desaparecidos.

—Pero tampoco cuentan cómo fueron las represiones.

—Pero acá acá no hay dudas sobre lo que pasó. Lo atípico de este caso es que nadie discute lo que pasó, las defensas no dicen “esto no pasó”, la discusión es sobre la interpretación de lo que pasó.

La importancia del aparato burocrático del Estado es que hay mucho documento, y pusieron cosas en el expediente original y ahora dicen algo que los contradice.  

—Vos trabajás mucho la cuestión de las cárceles, las condiciones de detención, los derechos de los presos. Este es tu primer juicio de lesa humanidad y pensaba que a veces se ha planteado la discusión de si se democratizaron o no las fuerzas de seguridad, ¿qué elementos ves que persisten desde la dictadura y cuáles han cambiado, si es que han cambiado? ¿O es un área que permaneció medio intocable?

—El servicio penitenciario federal, que es el que yo más conozco, no cambió casi nada. El servicio penitenciario federal es una fuerza absolutamente militarizada y durante los 40 años de retorno democrático el Servicio dependía del Ministerio de Justicia. Desde la llegada de Patricia Bullrich, gestión Milei, vuelve a depender del del área de Seguridad, o sea, de ella. 

Se supone que las cárceles sirven para la reinserción de las personas detenidas. Toda la comunicación institucional que hace el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal es de una fuerza guerrera, una fuerza disfrazada de operativos, con armamentos. De la misma manera que se construye una Gendarmería para reprimir viejos todos los miércoles, para casi matar.

Se está construyendo un servicio penitenciario federal que no es para la reinserción, sino para aplicar para algunos presos un régimen determinado. Se replica esa idea de “ustedes salen muertas o locas” para los presos de alto perfil, los presos vinculados al narcotráfico. Son las mismas prácticas. Si uno se pone a estudiar, en dictadura había regímenes especiales para delincuentes terroristas, se llamaban normas de tratamiento distintas.

Los dividían entre recuperables, difícilmente recuperables, fácilmente recuperables y a los que eran “recuperables” les daban algunos derechos más como coser y bordar, abrazar a tu hijo, media hora más de patio. Pero a los difícilmente recuperables y a los irrecuperables prácticamente tenían un régimen de encierro total. 

¿Y qué están haciendo acá? Con este Bukelismo a la Pullaro o a la Bullrich, es esa misma lógica. Y además, en general es un tema que no le importa a nadie o les parece bien. ¿A quién le importa salvo a sus familiares directos? Si nos han dicho que son poco menos que monstruos, asesinos. Es el puro encierro dentro del encierro, no hay contacto con familiares, ni actividades recreativas. Nada. Eso es para enloquecerte o para que te cuelgues, como  ya ha sucedido en varios casos que ni siquiera nos enteramos.