El juez penal Román Lanzón, a diferencia de su par Hernán Postma, entendió que al ámbito penal no le corresponde evaluar el temperamento a seguir respecto al tratamiento, análisis y homologación de la propuesta concursal de la empresa Vicentin planteada en sede civil
A fin de julio el juez penal Hernán Postma emitió una resolución que notificó al juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación que lleva adelante el concurso preventivo de la firma Vicentin, donde dispuso que su par civil se abstenga de avanzar en la homologación de una propuesta de recate presentada por la concursada hasta tanto no se resuelva la vía penal.
En diciembre del 2020 una orden judicial cauteló bienes de la firma y la propuesta ésta vinculada a ellos, Postma considero que disponer de esos bienes, significaría violar la orden judicial, por lo que pidió “abstenerse en forma urgente de continuar con su tratamiento análisis u homologación”.
Esta decisión fue objeto de recurso por parte de las defensas de los directivos de la firma involucrados en la investigación penal quienes solicitaron la invalidez de la resolución de Postma al entender no debería haberse inmiscuido en la causa civil.
El juez Lanzón tildó como defectuosa la intervención del juez Postma y dijo al magistrado del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, que las medidas cautelares dispuestas en sede penal se encuentran vigentes, sin que corresponda al Colegio de Jueces penales evaluar el temperamento a seguir respecto al tratamiento, análisis y homologación de la propuesta concursal de la empresa Vicentín planteada en dicha sede civil y comercial.
Con esta decisión el magistrado allanó el camino para que siga el trámite de la presentación de la propuesta de pago hecha por la concursada.
Vicentin tiene dos frentes abiertos en la justicia, en el ámbito civil un concurso preventivo que se abrió en febrero del 2020 y en el fuero penal una investigación a doce directivos y tres síndicos por defraudaciones y estafas, maniobras con balances y asociación ilícita, a los síndicos se los imputó por encubrimiento.
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