Diez imputados por intermediación financiera no autorizada evitarán el banquillo. Una reparación que representa para algunos pesquisas una parte menor del dinero que se esfumó la noche del crimen del dueño de la agencia de turismo donde también funcionaba una casa de cambio clandestina ante las narices de una fiscal santafesina
Lo que nació como un escándalo institucional que desnudó los vínculos entre el poder, el dinero negro y la Justicia en la capital provincial, terminó en una transferencia bancaria. A seis años del asesinato del empresario Hugo Oldani, la Justicia federal decidió que no habrá juicio oral para los diez implicados en la causa de la cueva financiera.
El acuerdo, rubricado este jueves ante el juez federal Ricardo Moisés Vásquez, establece que los procesados realizarán una donación de 107 millones de pesos a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe.
Con este desembolso, amparado en la figura de la «reparación integral del perjuicio», la acción penal se extingue y el Estado da por saldado el daño al orden económico.
Los diez nombres que firmaron el acta combinan al entorno íntimo del empresario asesinado con los operadores de la estructura financiera que funcionaba en la Galería Rivadavia.
La lista está encabezada por Virginia Oldani, hija de Hugo, quien asume el mayor peso económico del acuerdo aportando 45 millones de pesos. Junto a ella, el resto de la nómina que evitará el juicio oral está compuesta por María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Trucco, Eugenio Alonso, Marco Molinas, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo.
Si bien el fiscal general Martín Suárez Faisal argumentó que el delito de intermediación financiera no autorizada no tiene «víctimas individualizadas» y que el aporte tiene un fin social –arreglos en el gimnasio de la UTN y becas–, las cifras que mencionaron en dicha oportunidad eran superiores.
La noche del 11 de febrero de 2020, tras el intento de robo fatal, sus familiares retiraron de las oficinas de la Galería Rivadavia bolsos y cajas que contenían, según estimaciones judiciales, más de un millón de dólares y tres millones de pesos.
Cabe recordar que la desaparición del dinero ocurrió bajo la custodia –la complicidad por omisión– de la fiscal provincial Cristina Ferraro, quien hoy enfrenta sus propios procesos por haber permitido que los familiares vaciaran la escena del crimen y por haber ordenado, supuestamente, apagar las cámaras de seguridad.
«Nunca se sabrá qué había en esa caja fuerte. Los familiares entraron solos, salieron cargando bolsos y la fiscal impidió que la policía actuara como corresponde», recordó un investigador que participó en la causa con un el sabor amargo de que el mensaje que se deja es que si el delito es de guante blanco y se tiene el capital suficiente, el juicio es una instancia evitable.
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