Se cumplen 24 años de la desaparición de Marita Verón: el caso continúa sin resolverse

Se cumplen 24 años de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, ocurrida en 2002 en Tucumán: el caso continúa sin resolverse. Mientras se mantiene vigente el reclamo de justicia, luego de haberse consolidado las condenas judiciales, la búsqueda incansable de su madre, Susana Trimarco, sigue en pie.

Marita, de 23 años, fue vista por última vez cuando salió de su casa para asistir a una consulta médica y nunca regresó, en un hecho que con el tiempo se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata de personas en el país.

La investigación permitió exponer redes de explotación sexual y derivó en un juicio que culminó en 2014 con condenas de entre 10 y 22 años de prisión para diez acusados por retención y ocultamiento agravado con fines de prostitución, que implica haber captado, trasladado y mantenido a la víctima dentro de un circuito de explotación. Sin embargo, las penas comenzaron a cumplirse recién en 2017, cuando la sentencia quedó firme.

En paralelo, la búsqueda de Trimarco nunca se detuvo y en los últimos años sumó una de las pistas más impactantes: la posibilidad de que Marita haya sido vista en Paraguay en condiciones extremas.

Sin embargo, se descartó que se tratara de la jóven tucumana ya que, posteriormente, la mujer murió en la ciudad de Capiatá y se dispusieron estudios para determinar la identidad de la señalada.

Trimarco había contado que recibió información desde Asunción sobre la persona en situación de abandono: “Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija. Estaría en una situación horrorosa”.

En ese momento, además contó que le enviaron una imagen, aunque decidió no hacerla pública por su crudeza: “Es cuero y hueso, está desfigurada. Para mí, como madre, es un puñal en el pecho”.

El caso no sólo impulsó la investigación judicial sino también cambios estructurales, como la creación de la Fundación María de los Ángeles, desde donde Trimarco logró asistir a víctimas de trata y promover leyes específicas para combatir este delito.

Las condenas

Daniela Milhein y Alejandro González recibieron 18 años por retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución, mientras que los hermanos José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez fueron condenados a 22 años por retención y ocultamiento agravado.

A Domingo Andrada (policía) se le impusieron 17 años como partícipe de retención y ocultamiento; Carlos Alberto Luna fue sentenciado a 17 años como partícipe necesario.

Además, Azucena Márquez recibió 15 años como partícipe necesario y Humberto Derobertis 12 años por el mismo ilícito.

Por su parte, la Justicia dictó 10 años como partícipe necesaria para Paola Gaitán y otros 10 años para Mariana Bustos por conocimiento y participación en el ocultamiento.